- Tarjeta Única de Jalisco entrega los datos biométricos de millones de usuarios a empresa Broxel, S.A.P.I. de C.V.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
GUADALAJARA, JAL.- La implementación de la llamada “Tarjeta Única al Estilo Jalisco” ha encendido alertas sobre el manejo de datos personales y biométricos de millones de usuarios del transporte público, luego de que el Gobierno del estado contratara a la empresa Servicios Broxel, S.A.P.I. de C.V. para operar el sistema que condiciona el acceso a tarifas subsidiadas.
La preocupación radica en que el programa obliga a los usuarios a proporcionar información altamente sensible como requisito indispensable para obtener el beneficio económico. Broxel —empresa propiedad de Gustavo Gutiérrez Galindo— quedó a cargo del registro, resguardo y procesamiento de los datos, lo que ha generado cuestionamientos sobre el destino, uso y protección de dicha información.
El esquema tarifario establece un cobro de 11 pesos por viaje para quienes cuenten con la tarjeta, mientras que los usuarios que no la tengan deberán pagar 14 pesos. En el caso de estudiantes, la tarifa se reduce a 5 pesos. Para acceder a estos precios, los usuarios deben completar un registro en línea que inició el 12 de enero, aunque desde su arranque ha estado marcado por saturaciones del sistema y fallas técnicas.
Más allá de los problemas operativos, el requisito central es la aceptación obligatoria de los términos y condiciones y el aviso de privacidad de Broxel. Al hacerlo, los usuarios autorizan a la empresa a recopilar y tratar una extensa lista de datos personales y biométricos, entre ellos nombre completo, identificación oficial, domicilio, huellas dactilares, reconocimiento facial, iris, voz, firma autógrafa y videograbaciones.
El aviso de privacidad también contempla que la información recabada pueda ser utilizada para estudios de mercado, análisis de consumo y promoción de productos financieros de la propia empresa, incluidos créditos, lo que amplía las dudas sobre el uso secundario de datos obtenidos en el marco de un programa público.
En el plano financiero, el contrato establece que Broxel reciba una comisión mensual de 5.45 pesos por cada tarjeta activa. La licitación LPN 690/2025 prevé la emisión de hasta cinco millones de tarjetas y una vigencia que se extiende hasta 2030. A ello se suman cargos directos a los usuarios por reposición del plástico, transferencias, recepción de remesas y pago de servicios.
El caso ya escaló al ámbito legislativo. El Congreso de Jalisco exhortó al gobernador Pablo Lemus a vetar el aumento a la tarifa del transporte y a revisar los fundamentos técnicos y presupuestales del ajuste. Además, los legisladores solicitaron al Consejo de Participación Ciudadana y Popular convocar a un referendo sobre la tarifa y la tarjeta, luego de que se reuniera más del 250% de las firmas necesarias. Paralelamente, se creó una comisión especial para auditar tanto el servicio como el contrato con Broxel.
También intervino la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), que inició una investigación de oficio y solicitó información a la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, con el objetivo de identificar posibles fallas u omisiones en la implementación y operación del programa.
A nivel federal, Broxel enfrenta además una investigación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno por la licitación LA-06-400-006400001-N-19-2025, relacionada con vales electrónicos de despensa para trabajadores federales, tras una inconformidad presentada por otra empresa participante por presuntas irregularidades en la propuesta económica.
Este antecedente se suma a las inquietudes surgidas en Jalisco en torno al alcance del programa de transporte, el manejo de datos biométricos sensibles y el modelo de negocio de la empresa operadora. En los hechos, el acceso a un beneficio público queda condicionado a la aceptación de un esquema financiero privado, sin que exista, hasta ahora, plena claridad sobre los límites y salvaguardas en el uso de la información personal de millones de usuarios.
