- El Poder Legislativo de Quintana Roo realizó el “Parlamento de Mujeres 2026”, un ejercicio democrático cuyo objetivo principal es fortalecer la agenda legislativa de género.
EUGENIO PACHECO
CHETUMAL, Q. ROO.- El Poder Legislativo de Quintana Roo realizó el “Parlamento de Mujeres 2026”, un ejercicio democrático cuyo objetivo principal es fortalecer la agenda legislativa de género mediante el análisis de problemáticas actuales y la construcción de la igualdad sustantiva.
Durante el desarrollo de este foro, la legisladora Elizabeth Domínguez Barradas presentó una propuesta central enfocada en la creación de protocolos y cuestionarios homologado para la atención de víctimas de violencia.
Expuso que la falta de herramientas comunes en las diversas instancias de atención obliga a las víctimas a relatar repetidamente los hechos vividos, un proceso que genera revictimización y dolor innecesario.
Domínguez Barradas señaló que este fenómeno, denominado violencia institucional, no es producto de una intención deliberada de los funcionarios, sino de la ausencia de protocolos unificados y de una capacitación técnica insuficiente para el manejo de casos de violencia de género.
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En este sentido, la parlamentaria enfatizó que el fortalecimiento de la atención requiere estandarizar el levantamiento de información y evitar que la víctima reviva el trauma en cada dependencia.
Así como la especialización para el personal de servicio público en materia de atención a víctimas, y una mayor inversión pública para la ejecución de políticas efectivas en la materia.
Este ejercicio contó con la participación de 26 mujeres representantes de los 15 distritos electorales y los 11 municipios del estado.
Las participantes presentaron propuestas por escrito sobre ejes temáticos como la erradicación de la violencia, la participación política y económica de las mujeres, el reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado y los derechos en salud sexual y reproductiva.
La Comisión de Igualdad de la XVIII Legislatura será la instancia encargada de realizar el análisis técnico de estos planteamientos, con el fin de evaluar su viabilidad y convertirlos en iniciativas de reforma que se integren al marco jurídico estatal.
