- El Poder Legislativo de Quintana Roo realizó el “Parlamento de Mujeres 2026”, un ejercicio democrático cuyo objetivo principal es fortalecer la agenda legislativa de género.
EUGENIO PACHECO
CHETUMAL, Q. ROO.- El Poder Legislativo de Quintana Roo realizó el “Parlamento de Mujeres 2026”, un ejercicio democrático cuyo objetivo principal es fortalecer la agenda legislativa de género mediante el análisis de problemáticas actuales y la construcción de la igualdad sustantiva.
Durante el desarrollo de este foro, la legisladora Elizabeth Domínguez Barradas presentó una propuesta central enfocada en la creación de protocolos y cuestionarios homologado para la atención de víctimas de violencia.
Expuso que la falta de herramientas comunes en las diversas instancias de atención obliga a las víctimas a relatar repetidamente los hechos vividos, un proceso que genera revictimización y dolor innecesario.
Domínguez Barradas señaló que este fenómeno, denominado violencia institucional, no es producto de una intención deliberada de los funcionarios, sino de la ausencia de protocolos unificados y de una capacitación técnica insuficiente para el manejo de casos de violencia de género.
En este sentido, la parlamentaria enfatizó que el fortalecimiento de la atención requiere estandarizar el levantamiento de información y evitar que la víctima reviva el trauma en cada dependencia.
Así como la especialización para el personal de servicio público en materia de atención a víctimas, y una mayor inversión pública para la ejecución de políticas efectivas en la materia.
Este ejercicio contó con la participación de 26 mujeres representantes de los 15 distritos electorales y los 11 municipios del estado.
Las participantes presentaron propuestas por escrito sobre ejes temáticos como la erradicación de la violencia, la participación política y económica de las mujeres, el reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado y los derechos en salud sexual y reproductiva.
La Comisión de Igualdad de la XVIII Legislatura será la instancia encargada de realizar el análisis técnico de estos planteamientos, con el fin de evaluar su viabilidad y convertirlos en iniciativas de reforma que se integren al marco jurídico estatal.
