- En el Congreso de la Unión avanza un dictamen para evitar prácticas que condicionen el acceso al trabajo, como el llamado “buró laboral” o las “listas negras”.
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CIUDAD DE MÉXICO.- En el Congreso de la Unión avanza un dictamen para evitar prácticas que condicionen el acceso al trabajo, como el llamado “buró laboral” o las “listas negras”.
El “buró laboral” es una base de datos no oficial que recopila información sobre el historial de las personas trabajadoras, e incluye despidos, renuncias y conflictos laborales.
Este listado no está regulado, pero diversas empresas recurren a él para filtrar candidatos, lo que restringe oportunidades de empleo sin considerar cualidades y habilidades.
La base de datos es similar al Buró de Crédito en el ámbito financiero y tiene consecuencias negativas, al limitar el derecho al trabajo, generar exclusión social, debilitar derechos laborales y fomentar precarización y vulnerabilidad, según el proyecto de reforma.
Para Jorge Sales, abogado laboral, esta reforma tipifica con mayor claridad una práctica discriminatoria: el uso de información, en particular sobre demandas laborales, para evitar contrataciones.
Aseguró que estas “listas negras” ya eran ilegales y están contempladas en la Ley Federal del Trabajo, pero la reforma actualiza su alcance.
“La reforma actualiza la figura en un contexto donde el problema ya no es una lista física, sino bases de datos. Lo relevante es que ahora se vincula con datos personales sensibles. Hoy existe una Ley de Protección de Datos que antes no había, y esta reforma aborda el uso indebido de información sin consentimiento del trabajador”, explicó.
Añadió que podría interpretarse que el empleador pierde la posibilidad de investigar a sus candidatos, pero no debe entenderse así.
Explicó que existe una “frontera clara”: el empleador puede evaluar riesgos y tomar decisiones informadas sobre a quién contrata, siempre que se base en criterios objetivos.
Se pueden valorar competencias, experiencia y referencias laborales, pero no basar la decisión en que una persona haya interpuesto una demanda.
“Si se consulta una lista pública de tribunales, se puede ver que existe un proceso, pero no si está justificado”, comentó.
La reforma, agregó, también obliga a los empleadores a profesionalizar sus procesos de selección.
