- A más de dos años de los primeros hechos denunciados por abuso sexual contra el exejecutivo hotelero español Ramón Hernández Cordero, alias ‘El Lobo’, el caso suma nuevos elementos que apuntan a un presunto intento de presión contra la víctima.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- A más de dos años de los primeros hechos denunciados por abuso sexual contra el exejecutivo hotelero español Ramón Hernández Cordero, alias “El Lobo”, el caso suma nuevos elementos que apuntan a un presunto intento de presión contra la víctima, en un contexto que también abre cuestionamientos sobre la actuación de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo.
El empresario, acusado por al menos tres jóvenes de entre 18 y 20 años de edad por violación y acoso ocurridos entre febrero de 2022 y marzo de 2023, actualmente se encuentra en España, país al que huyó pese a existir una orden de aprehensión en su contra y una ficha roja de Interpol activa desde agosto de 2025.
Sin embargo, en medio de este proceso, la FGE emitió un citatorio fechado el 30 de marzo de 2026, en el que convoca a comparecer en calidad de imputada a D.P.P.B., una de las denunciantes del caso, para una diligencia penal relacionada con la misma carpeta de investigación.
El documento oficial establece la obligación de la joven de presentarse ante la autoridad ministerial en Cancún el próximo 30 de abril, advirtiendo incluso la imposición de medidas de apremio en caso de no acudir, lo que ha generado inquietud sobre un posible giro en la investigación.
Este citatorio ocurre tras un proceso que, según testimonios, ha estado marcado por amenazas, dilaciones y el desplazamiento del presunto agresor fuera del país. La propia víctima ha señalado previamente que, tras presentar su primera denuncia, fue intimidada con amenazas de muerte dirigidas a ella y su familia, lo que la obligó a desistirse inicialmente.
Posteriormente, decidió retomar el proceso legal, logrando que la Fiscalía judicializara la carpeta de investigación y que un juez de control librara la orden de aprehensión contra Hernández Cordero. No obstante, el acusado ya se encontraba en Madrid, donde ha declarado públicamente que vive “en plena libertad” y que desconoce los señalamientos en su contra.
En este contexto, la citación de la víctima como imputada ha sido interpretada por su entorno como un posible mecanismo de presión que podría inhibir su participación en el proceso o debilitar su denuncia, especialmente considerando el tiempo transcurrido y la condición de prófugo del principal señalado.
El caso también ha puesto bajo la lupa la actuación de las autoridades estatales, al contrastar la rapidez con la que se emiten citatorios contra la denunciante frente a la falta de resultados concretos para lograr la detención del presunto agresor, quien continúa fuera del alcance de la justicia mexicana.
Mientras tanto, la víctima ha reiterado su intención de continuar hasta las últimas consecuencias, en busca de justicia no sólo para su caso, sino para evitar que otras jóvenes sean víctimas de conductas similares dentro de la industria hotelera.
El tercer Juzgado de Distrito en Cancún concedió el amparo en el expediente 993/2025, al determinar que la víctima impugnó dentro del plazo legal la decisión de abrir las carpetas de investigación de nueva cuenta. La sentencia ordena dejar sin efectos la resolución previa y analizar nuevamente el caso por haberse vulnerado el debido proceso. Pese a la claridad del fallo, el Lobo y sus secuaces, han promovido recursos ilegales fuera de plazo que carece de sustento jurídico frente a una sentencia federal ya emitida.
El expediente sigue abierto, pero el desarrollo reciente plantea interrogantes sobre el rumbo de la investigación y el papel de las instituciones encargadas de garantizar justicia en casos de violencia sexual.
