- La gobernadora Rocío Nahle García cuestionó los altos salarios de autoridades municipales de Nanchital y Poza Rica.
JORGE GONZÁLEZ
XALAPA, VER.- La gobernadora Rocío Nahle García cuestionó los altos salarios de autoridades municipales de Nanchital y Poza Rica, al señalar que algunos perciben ingresos superiores al suyo, lo que consideró contrario a los principios de austeridad en el servicio público.
Durante declaraciones recientes, sostuvo que “no es correcto” que alcaldes y ediles tengan percepciones mayores a las de la titular del Ejecutivo estatal, e hizo un llamado a revisar la congruencia en el manejo de los recursos públicos a nivel municipal.
De acuerdo con la información difundida, la gobernadora percibe un ingreso mensual neto cercano a los 84 mil pesos, mientras que, en el caso de Poza Rica, la presidencia municipal tendría una remuneración que supera los 120 mil pesos mensuales.
En Nanchital, también se han reportado percepciones por encima del salario estatal.
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Ante este escenario, Nahle García anunció que solicitará la intervención del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz para revisar los tabuladores salariales y el gasto corriente en ambos ayuntamientos.
Enfatizó que los municipios deben priorizar el uso eficiente de los recursos, especialmente en un contexto donde algunos han requerido apoyo financiero del gobierno estatal.
El señalamiento abre un debate sobre los márgenes de decisión de los ayuntamientos, ya que los salarios de alcaldes y funcionarios son aprobados por los propios cabildos dentro de sus presupuestos anuales, con aval del Congreso local.
En este sentido, la gobernadora insistió en que la autonomía municipal no debe ser un argumento para mantener estructuras de gasto elevadas, particularmente cuando existen necesidades sociales y limitaciones presupuestarias.
Hasta el momento, los gobiernos municipales de Nanchital y Poza Rica no han emitido una postura oficial frente a los señalamientos.
Se prevé que en los próximos días puedan fijar su posición, en un tema que ya ha generado discusión pública sobre salarios, transparencia y uso de recursos.
El pronunciamiento se enmarca en la política de austeridad impulsada por gobiernos emanados de Morena, que promueve la reducción de sueldos de altos funcionarios y la contención del gasto administrativo.
