- Itzel Castillo advirtió que se vulnera la Constitución, pues el Congreso local no ha sido notificado de la renuncia de Carlos Garza ni ha recibido propuesta para sustituirlo.
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MONTERREY, NL.- Al advertir que se está violentando la Constitución e incidiendo de manera indebida en las facultades del Congreso local, Itzel Castillo informó hoy al Pleno que la Legislatura no se ha recibido notificación oficial alguna de la renuncia de Carlos Garza como Tesorero estatal ni el Ejecutivo ha enviado el nombre de una persona propuesta para ese cargo.
Vía un posicionamiento que expuso en los asuntos generales de la sesión de hoy, la presidenta del Congreso dijo que no podía mantenerse de manera indefinida a Ulises Carlín como encargado de despacho y que su permanencia transcurridos más de los 90 días que el Gobernador Samuel García tenía para proponer a un titular en ese cargo, generaba falta de certeza jurídica.
Garza renunció como titular de la Tesorería y a partir del 1 de enero, Carlín opera como encargado de despacho.
El Gobernador ha dicho que ya nombró a Carlín como Tesorero, pero la Secretaría de Finanzas se refiere a Carlín como encargado de despacho.
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“Hasta a la fecha en que se realiza este pronunciamiento, no ha sido recibida en este Congreso propuesta alguna por parte del Titular del Poder Ejecutivo Local para el nombramiento de la persona que deberá ocupar la titularidad de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado”, expresó Castillo en tribuna.
“La permanencia indefinida de una figura de encargado de despacho en una dependencia cuya titularidad se encuentra sujeta a un mecanismo constitucional de intervención del Congreso puede traducirse en una desnaturalización de la regla constitucional de colaboración y control entre poderes, vaciando de contenido la competencia de este Poder Legislativo para conocer y resolver sobre la propuesta correspondiente.
“La omisión del Poder Ejecutivo, impide a este Congreso local cumplir con el mandato constitucional previsto en el artículo 96, fracción 22 de la Constitución del Estado, lo cual implica una violación constitucional grave. Algunas consecuencias de lo antes descrito, compañeros, es la falta de certeza jurídica para los actos que emite el encargado del despacho, lo que provoca que ciertos fondos no se entreguen o los retrasos en la recepción de participaciones federales por falta de un interlocutor legalmente reconocido”.
Tras su posicionamiento, José Luis Garza Garza, Diputado local de Movimiento Ciudadano, aseguró que la intervención del Congreso en la designación del Tesorero sólo procedía cuando se daba una ausencia injustificada de éste, pero no ante la renuncia de quien estuviera en el caso, tal y como lo ha expuesto el propio Gobernador.
Cuestionó que se tuvieran facultades para emplazar al Gobernador, pese a que Castillo sólo emitió una postura.
La coordinadora de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes, acusó a Castillo de actuar por líneas e intereses partidistas y políticos y no con la representación del Legislativo.
“La institucionalidad no se respetó”, dijo la emecista, “porque aquí hay una postura diferente a la que haya venido planteando acerca de este nombramiento de Tesorero y quiero que quede bien claro”.
