- Tres cuartas partes de la población mexicana de 18 años y más tiene un nivel de confianza alto en las Fuerzas Armadas.
STAFF / AR
CIUDAD DE MÉXICO.- Tres cuartas partes (75.9 por ciento) de la población mexicana de 18 años y más tiene un nivel de confianza alto en las Fuerzas Armadas (Ejército, Marina y Fuerza Aérea), según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Al presentar los resultados de la Encuesta Nacional de Confianza en la Administración Pública (ENCOAP) 2025, el organismo señaló que en la lista le siguen las organizaciones internacionales, con 63.6 por ciento; la Guardia Nacional, con 61, y los empleados del Gobierno federal, con 56.3 por ciento.
En tanto, los medios de comunicación registraron 51.7 por ciento de confianza; la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Jueces, 50.7; los legisladores federales, 41, y los partidos políticos, 33.7 por ciento.
El Inegi destacó que la ENCOAP 2025 recabó información sobre percepciones respecto a la capacidad de respuesta de las instituciones públicas.
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“Las estimaciones indican que 54.8 por ciento de la población de 18 años y más consideró probable que el servicio público se adapte ante un cambio en las necesidades de la ciudadanía; 53.7 por ciento señaló probable que el Gobierno federal tome decisiones basadas en la mejor evidencia disponible, incluidas investigaciones y datos estadísticos; 53.5 por ciento refirió probable que el Gobierno federal modifique una decisión cuando más de la mitad de las personas en México exprese claramente su desacuerdo”, detalló.
Respecto a la confiabilidad de las instituciones, agregó, 60.5 por ciento consideró probable que las instituciones gubernamentales estén preparadas para proteger la vida de las personas ante una emergencia de gran escala.
Y ante escenarios económicos adversos, 55.1 por ciento manifestó que es probable que el Gobierno federal proporcione apoyo a quienes resultaran afectados por una crisis.
No obstante todo lo anterior, persiste una elevada percepción de riesgo de corrupción.
El 84.9 por ciento consideró probable que un servidor público acepte una oferta de dinero por parte de una persona ciudadana o empresa para acelerar el acceso a un servicio.
“Por su parte, 59.2 por ciento manifestó que es probable que el Gobierno federal acceda a las exigencias de una empresa que promueve una política pública favorable para su sector, aun cuando esta pudiera resultar perjudicial para la sociedad en general”, apuntó el Inegi.
