- La captura en Argentina de Fernando Farías Laguna, junto a la previa detención de su hermano Manuel Roberto Farías Laguna, destapó una red de corrupción por huachicol fiscal en la Secretaría de Marina.
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CIUDAD DE MÉXICO.- La captura del Contralmirante Fernando Farías Laguna ayer en Argentina, sumada a la de su hermano, el Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, realizada en septiembre de 2025 en la Ciudad de México, pone al descubierto una de las tramas de corrupción más sofisticadas detectadas en la Secretaría de Marina (Semar), el huachicol fiscal.
Bajo el alias de “Los Primos”, estos altos mandos navales, sobrinos políticos del ex Secretario de Marina, Rafael Ojeda, habrían aprovechado la militarización de las aduanas para convertir la seguridad nacional en un lucrativo negocio particular. Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la red operaba un esquema de tráfico de influencias y contrabando de hidrocarburos a gran escala que floreció al amparo del control naval en los puertos del País.
Aprovechando sus posiciones estratégicas dentro de la de Marina, donde Manuel Roberto fungió como secretario particular de mandos de alta jerarquía y Fernando operó en la Unidad de Inteligencia Naval, ambos tejieron una red que controlaba no sólo el flujo de mercancías, sino también el destino profesional del personal naval.
La investigación de la FGR revela que “Los Primos” tenían la capacidad de decidir ascensos, comisiones y relevos en las 14 aduanas marítimas del País. Aquellos mandos que se negaban a colaborar con el paso de productos ilegales o que intentaban reportar irregularidades eran sistemáticamente removidos de sus cargos, tal como lo documentó en una carta póstuma el Contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, cuya denuncia fue el principio del fin para esta organización.
El negocio clave de la operación delictiva era el llamado huachicol fiscal. A través de puertos estratégicos como Tampico y Altamira, la red permitía la descarga de millones de litros de combustible de contrabando.
El método consistía en engañar al sistema arancelario haciendo pasar el hidrocarburo como aditivos para aceite, burlando así los laboratorios y al SAT.
Por cada buque que lograba atracar y vaciar su carga bajo este esquema, los implicados recibían sobornos que ascendían a casi dos millones de pesos. Se estima que tan sólo en un periodo de 10 meses, al menos 31 buques operaron bajo esta dinámica en Tamaulipas, generando una fortuna ilícita que fluyó hacia las cuentas y propiedades de los involucrados a través de una compleja estructura de prestanombres y pagos en efectivo.
Para gestionar estas ganancias y coordinar los sobornos, los hermanos Farías contaban con el apoyo de Miguel Ángel Solano Ruiz, conocido como “El Capitán Sol” o “El Fantasma”. Este personaje, un ex marino con un perfil sombrío y una ludopatía documentada por las autoridades financieras, era el encargado de entregar los “bonos” mensuales a los directores de aduanas que aceptaban el esquema.
Sin embargo, el poder de los hermanos Farías no se limitó a la corrupción administrativa; la red también dejó un rastro de criminal en el puerto de Manzanillo. La FGR ha logrado conectar el modus operandi de varios asesinatos ocurridos en 2024 con la protección de los intereses de la red.
El caso más emblemático fue el del Contralmirante Guerrero Alcántar, quien tras denunciar formalmente la red de corrupción ante el entonces Secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, fue ejecutado en una avenida principal de Manzanillo.
El crimen ocurrió poco después de que Guerrero proporcionara a la institución sus datos de ubicación para un periodo vacacional, lo que sugiere que la información para su eliminación salió desde dentro de las propias filas navales.
Además de Guerrero, otros marinos y personal civil relacionado con las aduanas fueron asesinados en un lapso de siete meses, creando un clima de hostilidad que buscaba silenciar cualquier intento de disidencia.
Además, el enriquecimiento de los hermanos Farías Laguna fue evidente. La FGR documentó discrepancias millonarias entre sus ingresos como servidores públicos y sus gastos reales.
Fernando, ahora detenido en Sudamérica, llegó a adquirir una propiedad en Sonora por más de dos millones de dólares y realizó aportaciones millonarias a seguros de vida en moneda extranjera.
Por su parte, Manuel Roberto invertía en joyería de lujo en El Palacio de Hierro y autos de colección, como un Mustang 1965 que nunca reportó en sus declaraciones patrimoniales.
La caída de esta red comenzó con el testimonio del Capitán Alejandro Torres Joaquín, quien bajo la figura de testigo protegido, con el nombre clave “Santo”, entregó casi 30 millones de pesos en efectivo a la FGR y detalló cómo operaba la organización desde Tampico.
La confesión de Torres, motivada por el miedo a ser asesinado como sus compañeros, permitió a las autoridades federales armar el rompecabezas que hoy tiene a los hermanos Farías tras las rejas.
