José Réyez
México enfrenta amenazas que van desde el crimen organizado trasnacional hasta el ciberespionaje, pasando por la corrupción sistémica y el terrorismo. Sin embargo, a estas alturas del siglo XXI, el país sigue sin contar con un sistema de inteligencia estratégica para la seguridad nacional.
No es un lujo, ni una ocurrencia académica: es una carencia estructural que nos mantiene reaccionando ante los golpes, en lugar de anticiparnos a ellos.
Como lo analiza la especialista Luz Celina Camarena Romero, la inteligencia estratégica no es mera acumulación de datos secretos.
Es un proceso riguroso de recolección, análisis y prospectiva que permite a un Estado diseñar políticas de mediano y largo plazo para neutralizar riesgos antes de que se materialicen.
En democracia, su función debe ser clara: recoger, procesar y evaluar información para comprender y pronosticar escenarios, no para perseguir opositores ni para servir a los fines facciosos del gobierno en turno.
El problema mexicano es histórico. Durante décadas, agencias como la Dirección Federal de Seguridad (DFS) fueron utilizadas como instrumentos de control político, no como verdaderos servicios de inteligencia del Estado.
Con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) —y ahora el Centro Nacional de Inteligencia (CNI)— se intentó dar un giro hacia la profesionalización. Se crearon marcos legales como la Ley de Seguridad Nacional (2005) y hasta una escuela de inteligencia. Pero el avance se ha quedado corto.
El diagnóstico es contundente: en México persisten la fragmentación institucional, la descoordinación entre agencias civiles, militares y navales, y una visión de corto plazo que supedita la inteligencia a los vaivenes de cada administración.
La inteligencia, señala Camarena Romero, ha sido concebida erróneamente como “política de gobierno” y no como “política de Estado”. Eso significa que cada nuevo gobierno interrumpe procesos, cambia prioridades y, con frecuencia, desperdicia capacidades construidas durante años.
La ausencia de un sistema integrado tiene consecuencias graves. Sin inteligencia estratégica, el Estado mexicano opera a ciegas frente a fenómenos multiactorales y trasnacionales.
El crimen organizado no sólo se combate con balas o con inteligencia criminal —necesaria pero reactiva—, sino que requiere entender sus redes financieras, sus vínculos con la corrupción y sus patrones de evolución. Hoy, la mayor parte del esfuerzo está volcado en lo táctico y lo operativo: seguir al objetivo, detener a un líder, asegurar un cargamento.
Falta la mirada prospectiva que permita desactivar las causas estructurales.
Y no se trata sólo de narcotráfico. El ciberespionaje, los ataques a infraestructura crítica, el terrorismo o incluso los efectos geopolíticos de crisis internacionales son amenazas que ningún país puede enfrentar solo ni con esquemas improvisados.
La cooperación internacional, el uso de tecnologías avanzadas —como inteligencia artificial y machine learning— y la consolidación de una verdadera comunidad de inteligencia (civil, militar y naval coordinada) son elementos que el documento subraya como imprescindibles.
Pero en México, la desconfianza entre instituciones ha sido más fuerte que la cooperación.
Uno de los puntos más lúcidos del análisis es la distinción entre niveles de inteligencia. La estratégica no sustituye a la táctica u operativa; las complementa. Sin ella, las acciones tácticas carecen de rumbo de largo aliento. Es la diferencia entre apagar incendios todo el tiempo y diseñar ciudades ignífugas. Hoy, México sigue en el primer escenario: bomberos agotados, mientras las brasas se esparcen.
La propuesta de crear un sistema de inteligencia estratégica no es un ejercicio teórico. Implicaría un marco normativo robusto, profesionalización con servicio civil de carrera, coordinación interinstitucional obligatoria y voluntad política para poner los intereses nacionales por encima de los partidistas. Nada de esto es imposible, pero todo ello exige algo de lo que hemos carecido: madurez democrática para entender que la seguridad del Estado no es propiedad sexenal.
Mientras tanto, seguimos viendo los síntomas: reacciones descoordinadas, filtraciones, duplicidad de esfuerzos y una ciudadanía que paga el costo de la ineficacia.
El país merece algo mejor que improvisación. Merece un sistema de inteligencia que anticipe, no que reaccione. Que sirva al Estado, no al gobierno de turno. Que piense en décadas, no en sexenios.
La inteligencia estratégica no es un lujo para países ricos. Es una necesidad para cualquier nación que aspire a la estabilidad, la permanencia y la seguridad de su pueblo.
México no puede seguir postergándola. El tiempo, y las amenazas, no esperan.
