Zósimo Camacho
En el Istmo de Tehuantepec, un fondo de inversión danés promueve desde finales de 2023 las bondades del “desarrollo sustentable”. Hasta hoy, sin embargo, sólo se ha dedicado a especular con las tierras privatizadas, más de 30 mil hectáreas arrancadas a la propiedad social. Y, al parecer, lo que prometió construir fue parte de la misma especulación. Su propósito siempre fue otro.
El proyecto en cuestión, encabezado por Helax Istmo –filial del gigante danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP)–, se impulsó con la etiqueta de “hidrógeno verde” y una promesa de inversión de 10 mil millones de dólares. Sin embargo, a estas alturas nadie puede afirmar con certeza qué es lo que realmente se pretende instalar en la región. Tal ambigüedad ha sido parte de la estrategia de un modelo que avanza en la sombra.
Primero se habló de una planta de hidrógeno y amoniaco “verdes” dentro del megaproyecto del Corredor Interoceánico. Pero en diciembre de 2025, sin ningún anuncio público, la empresa informó a las autoridades que el plan se “reconfiguraba” para convertirse en un simple proyecto de generación eléctrica. La razón confesada: el mercado mundial del hidrógeno no es rentable, los fondos internacionales se cancelan y hay retrasos tecnológicos. Es decir, el capital especula con el territorio istmeño al vaivén de las modas financieras globales y las guerras energéticas decididas por unos cuantos. Mientras tanto, las comunidades siguen sin saber a qué atenerse.
Lo más grave es que esta indefinición calculada es una herramienta para el abuso. La Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (Rema) publicó hace unos días un pronunciamiento emitido por las comunidades indígenas del Istmo, con las firmas de respaldo de 132 organizaciones académicas, sociales y comunitarias y 30 personas en lo individual, entre científicos, antropólogos, ambientalistas, defensores de los derechos humanos y activistas (http://bit.ly/49EHxCN). El documento describe con precisión cómo opera la maquinaria de la opacidad, que finalmente es de despojo.
De entrada, no existe ninguna Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que la trasnacional haya presentado ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); las dos Evaluaciones de Impacto Social (Evis) que la empresa entregó a la Secretaría de Energía (Sener) fueron clasificadas como reservadas por dos años, y cuando se liberaron versiones públicas, la información técnica y las ubicaciones exactas fueron borradas bajo el argumento de secreto industrial y comercial. Documentos inservibles, pues, para que la población pueda evaluar los riesgos reales. Tampoco hay datos públicos sobre el volumen de agua que consumiría la electrólisis –en una región con estrés hídrico—, ni sobre la ubicación o profundidad de los pozos subterráneos planeados. Ni siquiera la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha aprobado un permiso de aprovechamiento. El derecho a saber, piedra angular de la democracia, es aquí pisoteado sistemáticamente.
Frente a este vacío informativo, el abuso de la trasnacional se despliega con métodos que las comunidades del Istmo ya conocen muy bien, pues repiten las mismas formas de despojo que hace más de una década trajeron los parques eólicos. El pronunciamiento lo detalla sin ambages: acercamientos directos y fragmentados con algunos representantes agrarios, evitando a las asambleas comunitarias; uso de operadores locales para presionar y coaccionar; difusión exclusiva de los supuestos beneficios económicos (empleos, rentas por tierra) mientras se ocultan sistemáticamente los impactos territoriales, sociales y ambientales. Y como remate, una supuesta “consulta indígena” en siete comunidades de la región que, lejos de ser previa, libre e informada, se ha convertido en un trámite burocrático para dar certidumbre a la inversión. El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y la Secretaría de Marina se niegan a difundir las minutas de esas reuniones bajo el argumento de que hacerlo “compromete la paz social”. Lo que realmente compromete la paz social es seguir promoviendo proyectos ajenos a las necesidades de los pueblos, en un contexto ya de por sí violento y marcado por la criminalización.
¿Cuánto territorio está en juego? Se proyecta instalar un parque fotovoltaico con casi 3 millones de paneles sobre 5 mil hectáreas de tierras agrícolas y selva baja en el ejido de Asunción Ixtaltepec, y 190 aerogeneradores en 25 mil hectáreas comunales y ejidales de Ciudad Ixtepec, Chivela y Santiago Ixtaltepec. Todo ello más una planta desalinizadora en Salina Cruz, más ductos para gases peligrosos como el hidrógeno y el amoniaco.
La experiencia regional ya ha demostrado que este tipo de megaproyectos no generan bienestar: han enriquecido a unos cuantos, roto el tejido social, privatizado tierras, erosionado prácticas comunitarias y agravado la violencia, mientras los pueblos istmeños sufren apagones frecuentes y tarifas abusivas de luz. La generación eléctrica industrial no es para ellos, sino para garantizar energía al capital privado.
Por eso, las comunidades del Istmo –con el respaldo de las 132 organizaciones nacionales e internacionales, entre las que se encuentran, además de la Rema, Geocomunes, Iniciativa Internacionalista Espejos del Sur Global y Geo-Grafías Comunitarias– dicen no al proyecto Helax-CIP en cualquiera de sus mutaciones. Y con claridad, en su pronunciamiento, exponen lo que quieren: mantener su vida comunitaria, sus fiestas, sus comidas, sus cerros, sus bosques, sus ríos y lagunas, sus lenguas, su tranquilidad y las formas de vida que han construido históricamente. Frente a un modelo que las trata como tierra de nadie, ellas alzan la voz para recordar que el Istmo no es territorio de despojo, ni laboratorio de especulación empresarial, ni cancha de batalla para las redes de la macrocriminalidad.
La solidaridad nacional e internacional es urgente. La primera exigencia es simple: que la trasnacional y las autoridades informen y digan la verdad. Cuando hay opacidad, la única certeza es que viene el despojo.
