- Veinte empresas de seguridad privada han sido sancionadas en Quintana Roo del 2025 y hasta la fecha; por negarse a regularizar su situación legal, algunas incluso han sido clausuradas.
OMAR ROMERO
CANCÚN, Q. ROO.- Veinte empresas de seguridad privada han sido sancionadas en Quintana Roo del 2025 y hasta la fecha; por negarse a regularizar su situación legal, algunas incluso han sido clausuradas.
Julio César Gómez Torres, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del estado, subrayó que el proceso de ordenamiento es una prioridad para la dependencia.
El funcionario explicó que en la entidad operan actualmente alrededor de 250 empresas registradas dedicadas a la prestación de servicios de seguridad privada.
Sin embargo, insistió en que el registro no garantiza por sí solo que una compañía esté operando dentro del marco legal completo, ya que la normativa exige contar simultáneamente con dos autorizaciones: una de carácter federal y otra estatal. Ambas son obligatorias e independientes entre sí, y ninguna sustituye a la otra.
“El registro federal no implica una autorización estatal, se requiere cumplir con los dos”, precisó, aclarando así una confusión frecuente entre las empresas del sector que consideran suficiente haber tramitado únicamente el permiso ante las autoridades federales.
Quienes no cumplan con esta doble acreditación se exponen a sanciones económicas que pueden ir desde los 110 mil hasta los 550 mil pesos, dependiendo de la gravedad de la irregularidad detectada.
En los casos más extremos, la autoridad puede llegar a la clausura del negocio.
Gómez Torres aclaró que la sanción no es el fin que persigue la Secretaría, sino el último recurso ante la negativa reiterada a regularizarse. “Lo que menos buscamos es la sanción, lo que queremos es la regularización”, afirmó.
Ante esta situación, el titular hizo un llamado a las empresas que aún no han completado su proceso para que se acerquen a las instancias correspondientes, antes de enfrentar consecuencias mayores ante una eventual inspección.
El año pasado, después del primer semestre, se reportaron alrededor de 30 empresas de seguridad privada sancionadas tanto por no contar con sus registros como por obstaculizar el acceso de equipos médicos y policiales a emergencias en negocios o establecimientos del sector turístico.
El ordenamiento del sector de seguridad privada es de relevancia en una entidad como Quintana Roo, cuya actividad turística de alto volumen genera una demanda constante de servicios de vigilancia en hoteles, centros comerciales y de diversión, eventos y desarrollos residenciales.
La presencia de empresas que operan al margen de la ley no sólo representa un riesgo legal para quienes las contratan, sino también una vulnerabilidad para la seguridad de los usuarios finales.
Con este proceso de regularización, la Secretaría de Seguridad Ciudadana busca garantizar que todas las empresas que prestan estos servicios en los distintos municipios de la entidad cuenten con el respaldo legal, la capacitación y los controles necesarios para operar con plenas garantías.
El endurecimiento de la supervisión ocurre en un sector que ha crecido en los últimos años. De acuerdo con antecedentes oficiales, entre 2018 y 2022 se autorizaron o revalidaron permisos para 170 empresas de seguridad privada en Quintana Roo, y para 2024 se reportaban ya 195 compañías autorizadas. En agosto de 2025 el padrón alcanzaba 204 registros, frente a las 250 actuales.
