Rodolfo El Negro Montes
Dice el viejo y conocido refrán que “cuando veas las barbas de tu vecino recortar, pon las tuyas a remojar”.
Y hoy, ese dicho no es sólo una advertencia, es una sentencia de muerte política que retumba en los pasillos de algunos, por no decir varios, Palacios de Gobierno en México en los que despachan mandatarios de extracción morenista.
El caso de Rubén Rocha Moya ha dejado de ser un rumor de pasillo para convertirse en un expediente abierto en las oficinas de la justicia estadounidense, donde los vínculos con “Los Chapitos” ya no se ocultan bajo el tapete de la soberanía.
Y sólo se está a la espera de lo que vaya a decir la Fiscalía General de la República al respecto.
Por lo pronto la caída en desgracia de Rocha Moya, tras las revelaciones que lo sitúan en la misma escena del crimen —o al menos en la misma narrativa— de la entrega de Ismael “El Mayo” Zambada, ha encendido las alarmas.
En Washington no olvidan, y mucho menos perdonan, cuando la línea entre el gobierno y el fentanilo se vuelve invisible.
¿Quién sigue en la lista?
La pregunta no es si habrá más nombres, sino cuándo se harán públicos.
Los reflectores de las agencias norteamericanas apuntan ahora hacia otros estados donde el color guinda se ha mezclado peligrosamente con el verde olivo y el negro del crimen organizado:
- Michoacán: Bajo la lupa por la expansión territorial de grupos que parecen tener vía libre. Y en donde la alcaldesa de Uruapan, Grecia Itzel Quiroz García sostiene que el mandatario michoacano Alfredo Ramírez Bedolla es narcogobernador.
- Tamaulipas: Un estado que históricamente ha sido la puerta trasera de los pactos oscuros y donde los expedientes en Texas nunca se cierran del todo. Por eso y más su mandatario, Américo Villarreal podría estar en la lista de la justicia norteamericana.
Pero la lista de la justicia estadounidense es larga y no distingue fueros. Senadores y diputados federales están en el radar.
No se trata sólo de gobernadores; se trata de una red de complicidades que, según los fiscales del norte, ha permitido que el Cártel de Sinaloa y sus facciones operen con una impunidad insultante.
¿Hasta dónde aguantará la presidenta de México esta presión que llega desde suelo americano?
La administración estadounidense está jugando rudo.
No están pidiendo permiso, están enviando señales claras a través de filtraciones y procesos judiciales.
La presidenta se encuentra en una encrucijada: o mantiene la lealtad ciega al proyecto y a sus integrantes —por muy cuestionables que sean sus amistades— o permite que la justicia siga su curso para evitar que el barco completo se hunda.
En esta columna lo hemos dicho siempre: en política no hay coincidencias.
El cerco se está cerrando y el aroma a incienso de la “Cuarta Transformación” empieza a ser asfixiado por el olor a pólvora y los expedientes de la DEA.
Rocha Moya es hoy el ejemplo vivo de que el poder es efímero, pero la justicia —sobre todo la que se cocina del otro lado del río Bravo— es implacable.
¿Quién será el próximo en poner sus barbas a remojar?
¿A quién pondrán las apuestas en línea?
