- Ante el plazo extraordinario otorgado por la CIDH para responder en torno a una demanda presentada por 14 jueces y magistrados cesados por la reforma judicial.
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CIUDAD DE MÉXICO.- El Estado mexicano incumplió con el plazo extraordinario otorgado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para responder en torno a una demanda presentada por 14 jueces y magistrados cesados por la reforma al Poder Judicial.
De acuerdo con el Cyrus R. Vance Center for International Justice, que promovió la demanda a nombre de los afectados, México tenía hasta el 15 de mayo para presentar sus observaciones.
La magistrada en retiro María Emilia Molina, una de las 14 demandantes, consideró que la falta de respuesta no es simplemente un incumplimiento administrativo, sino una señal política de que el Estado mexicano rechaza someterse al escrutinio internacional.
“Un Estado que desmontó las garantías de independencia judicial, que reconoció públicamente ante la propia Comisión haber impulsado una reforma sin diagnóstico previo.
“Y que ahora guarda silencio frente al escrutinio internacional transmite un mensaje inequívoco: la ausencia de voluntad para rendir cuentas sobre una de las regresiones institucionales y democráticas más graves en la historia reciente del país”, consideró.
La demanda fue presentada el 6 de mayo de 2025 y el 15 de enero de este año, la Secretaría Ejecutiva de la CIDH notificó que la demanda había sido trasladada al gobierno mexicano para que presentara sus observaciones.
El plazo en el que tenía que dar contestación era de tres meses, prorrogable, de manera extraordinaria a cuatro, por lo que la fecha final para hacer su contestación venció el 15 de mayo.
La demanda establece que la reforma, en la que se estableció la elección de los impartidores de justicia por voto popular, viola estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de independencia judicial, inamovilidad de las personas juzgadoras en sus cargos, debido proceso y protección ante injerencias políticas.
También señala la estigmatización y represalias que desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador han sufrido jueces, magistrados y ministros.
“El silencio del Estado mexicano frente al sistema interamericano no debilita las denuncias; por el contrario, fortalece la percepción de que la reforma judicial fue concebida desde la lógica de concentración del poder.
“Y no desde la protección de los derechos humanos ni de la ciudadanía que requiere de jueces independientes”, consideró la magistrada en retiro y exconsejera de la judicatura federal, Lilia Mónica López Benítez.
El Cyrus R. Vance Center indicó que aún sin las observaciones del Estado mexicano, la CIDH puede continuar el análisis de la petición y, en su caso, solicitar información adicional a las partes.
“El caso podría avanzar a etapas posteriores del procedimiento, conforme al Reglamento de la CIDH y los tiempos internos del organismo”, señaló.
