- El Centro de Derechos Humanos José María Morelos exigió a los gobiernos federal y estatal garantizar sus derechos a los habitantes de comunidades indígenas de Chilapa, que sufrieron ataques por el grupo criminal ‘Los Ardillos’.
STAFF / AR
CHILPANCINGO, GRO.- El Centro de Derechos Humanos José María Morelos exigió a los gobiernos federal y estatal garantizar sus derechos a los habitantes de comunidades indígenas del municipio de Chilapa, que sufrieron ataques por el grupo criminal “Los Ardillos”.
En un pronunciamiento de este organismo que emitió con motivo de la misión civil de observación realizada en las comunidades de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán, señala que las autoridades tienen el deber de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.
“Exigimos la aplicación de las normas internacionales en materia de desplazamiento interno en el marco jurídico y normativo de México diseñado para salvaguardar a las personas vulnerables centrándose en la Ley General de Víctimas de México”, dice el centro de derechos humanos.
El viernes, el sábado y este domingo estuvieron los integrantes de la Misión Civil de Observación-Sexta (MCO-S) en la zona de conflicto y, en conferencia de prensa, exigieron al gobierno el desmantelamiento de “Los Ardillos”.
![](https://lucesdelsiglo.com/wp-content/uploads/2026/09/BANNERS_LLUVIAS1_500X500.jpg")
“El Estado tiene la obligación primaria de garantizar la protección, asistencia y reparación integral de quienes han sufrido violaciones a los derechos humanos o delitos”, expone.
Entre esos derechos plasmados en la Constitución, añade, se incluyen el acceso a la justicia gratuita, la búsqueda de la verdad y al suministro de servicios básicos durante el desplazamiento.
La organización afirma que las agresiones que están sufriendo regiones indígenas de Guerrero, como es el caso de Chilapa, se debe a una guerra de contrainsurgencia que el Estado ha desatado en alianza con organizaciones criminales.
“Recordemos que después de la derrota armada de las organizaciones político-militares (ACNR, PDLP, EPR y ERPI) el ejército no regresó a sus cuarteles sino que se dedicó a repartir semilla de amapola y marihuana en la sierra y la montaña.
Asesorando y buscando compradores, simulando que apoyaban a la población más vulnerable, y es ahí donde inicia una nueva estrategia de la guerra de contrainsurgencia con incipientes grupos de productores de droga, que posteriormente se transformaron en organizaciones criminales”, señala.
Menciona que esos grupos paramilitares han servido para acabar con los pueblos que deciden organizarse para defender sus bosques, sus recursos minerales.
“Ningún hecho de violencia y sus secuelas han dejado miles de personas asesinadas, desaparecidas y familias desplazadas que son víctimas de la aquiescencia y participación de las autoridades de los tres niveles de gobierno”.
