- En medio de la creciente preocupación por la violencia contra periodistas en Veracruz, la gobernadora Rocío Nahle García planteó la posibilidad de que la Ceapp pudiera desaparecer, siempre y cuando esa decisión provenga del propio gremio periodístico.
JORGE GONZÁLEZ
XALAPA, VER.- En medio de la creciente preocupación por la violencia contra periodistas en Veracruz, la gobernadora Rocío Nahle García planteó la posibilidad de que la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (Ceapp) pudiera desaparecer, siempre y cuando esa decisión provenga del propio gremio periodístico.
La declaración ocurre en un contexto especialmente sensible para la libertad de expresión en el estado, marcado por recientes agresiones contra comunicadores.
Entre ellas el asesinato del periodista Luis Ángel López Valdez y el caso de la reportera Roxana Berenice Guzmán, cuya desaparición y posterior atracción del caso por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) encendieron nuevamente las alertas sobre la seguridad del ejercicio periodístico en Veracruz.
Durante declaraciones a medios, Rocío Nahle señaló que la permanencia de la Ceapp debe evaluarse con base en su utilidad real para quienes ejercen el periodismo.
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Indicó que, si la mayoría del gremio considera que el organismo ya no cumple con su función, podría abrirse una discusión sobre su continuidad institucional.
La mandataria subrayó que cualquier decisión tendría que construirse mediante diálogo y consenso con periodistas, comunicadores y organizaciones defensoras de la libertad de expresión.
La Ceapp fue creada en 2012 como un organismo autónomo estatal con la finalidad de brindar atención, acompañamiento y medidas de protección a periodistas en situación de riesgo.
Su creación respondió a años de presión social y de organismos nacionales e internacionales, en un estado que históricamente ha figurado entre los más peligrosos para ejercer el periodismo en México.
Sin embargo, desde hace varios años el organismo ha enfrentado críticas recurrentes por parte del gremio.
Entre los principales señalamientos destacan presunta burocratización, lentitud en la activación de medidas de protección, limitada capacidad preventiva y cuestionamientos sobre su autonomía frente al poder político.
Diversos periodistas y colectivos han sostenido que el problema no necesariamente radica en la existencia de la Ceapp, sino en la necesidad de fortalecerla, dotarla de mayor capacidad operativa y garantizar que actúe con independencia y eficacia.
El debate resurge en un momento en que la violencia contra la prensa continúa siendo una de las principales amenazas para la vida democrática.
En Veracruz, las agresiones contra periodistas no sólo impactan a quienes ejercen la profesión, sino que también afectan el derecho ciudadano a estar informado.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido que la protección a periodistas no puede reducirse a una discusión administrativa o presupuestal.
Señalan que el fondo del problema está en combatir la impunidad, garantizar investigaciones eficaces y construir mecanismos de prevención que respondan a contextos reales de riesgo.
Más allá del futuro de la Ceapp, el planteamiento de la gobernadora abrió una discusión de fondo: si el actual modelo de protección realmente está respondiendo a las necesidades de quienes informan en contextos de violencia.
En un estado con antecedentes de agresiones, desplazamientos forzados y homicidios de periodistas, el reto no parece limitarse a conservar o eliminar instituciones, sino a garantizar que existan mecanismos eficaces que protejan la vida, la integridad y la libertad de quienes documentan la realidad veracruzana.
