José Luis Carrillo
Como decía mi abuelita: “¡Ya chole!” con las marchas y plantones de miles de supuestos maestros que, desde el 1 de junio, mantienen bloqueada a la Ciudad de México y someten al Gobierno de la República a una presión permanente.
Luego del acuerdo del 17 de mayo de la llamada Asamblea Nacional Representativa de la poco respetada y ampliamente cuestionada Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), sus amenazas parecen haberse convertido en un simple “petate del muerto”.
Lo que, según sus dirigentes, sería una estrategia para ejercer un chantaje de gran magnitud mediante la exigencia de incrementos salariales de hasta 100 por ciento, buscando sin éxito “acalambrar” a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con la advertencia de impedir que “rodara” el balón mundialista, terminó convirtiéndose en un simple:
¡Tirito!
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Desde junio, estos grupos iniciaron bloqueos viales en arterias como Paseo de la Reforma, Insurgentes y Circuito Interior. Al grito de “el balón no rodará”, lograron atraer la atención mediática.
Sin embargo, se presentó una contradicción evidente. Cuando diversos medios comenzaron a exhibir lo que consideraban sus verdaderos objetivos y así lo reflejaron ante la opinión pública, integrantes de la CNTE bloquearon instalaciones de comunicación, buscando evitar que esa información fuera difundida.
Posteriormente, llevaron sus protestas a puntos de alta concentración de personas, como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Estadio Azteca, al tiempo que realizaron movilizaciones similares en Oaxaca, Guerrero y Chiapas.
Es indiscutible que cuentan con el derecho constitucional a manifestarse y protestar contra aquello que consideran injusto. No obstante, ese derecho pierde legitimidad cuando afecta las garantías individuales de otros ciudadanos.
Miles de mexicanos que no han dejado de trabajar ni un solo día carecen de mecanismos para recuperar las pérdidas ocasionadas por estas movilizaciones. Mientras tanto, quienes participan en los plantones continúan percibiendo ingresos aun cuando no se presentan frente a grupo.
Ejercen su derecho a la protesta, pero lo hacen, según sus críticos, por encima de derechos igualmente fundamentales, como el libre tránsito, el trabajo y el sustento familiar. Tan solo en lo que va del mes, las afectaciones económicas superarían los 500 millones de pesos para cerca de cinco mil comercios ubicados en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
¿Acaso los comerciantes que dejan de vender y los trabajadores que no pueden llegar a sus empleos no tienen también derechos?
Resulta urgente que tanto el Gobierno federal como el Gobierno de la Ciudad de México exploren mecanismos de compensación para los sectores afectados, como podrían ser estímulos o descuentos fiscales a través del Impuesto Sobre Nómina, con el fin de respaldar a quienes todos los días apuestan por trabajar y producir.
Aplaudo la postura del Gobierno de la presidenta Sheinbaum, quien, al igual que millones de mexicanos, parece haberse cansado de ver a la capital del país paralizada por un grupo de pseudo maestros que, desde esta perspectiva, no buscan el bienestar de los niños y jóvenes mexicanos, sino intereses propios que algunos consideran contrarios al interés nacional.
Al reiterar que las negociaciones ya no se realizarán exclusivamente con los dirigentes sindicales, sino de manera directa con los docentes, la presidenta envía un mensaje que, para muchos ciudadanos, resume el sentir de buena parte del país:
¡Ya chole con la CNTE!
