- Adrián de la Garza se deslindó de una operación inmobiliaria realizada por su hermano y un empresario, al afirmar que es un asunto privado.
STAFF / AR
CIUDAD DE MÉXICO.- El Alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, se deslindó de la operación inmobiliaria realizada por su hermano, Filiberto de la Garza, y el empresario de Proyectos 9, José Lobatón, al asegurar que se trata de un asunto entre particulares en el que él no tiene ninguna participación.
El Edil sostuvo que desconoce los detalles de los negocios y del patrimonio de su hermano, por lo que evitó precisar si éste mantiene una sociedad con Lobatón o si forma parte de las personas afectadas por los presuntos fraudes atribuidos al desarrollador inmobiliario.
De la Garza también negó conocer personalmente a Lobatón o tener alguna relación comercial con él.
“Es un tema entre particulares, es una operación entre particulares donde no atañe a mi persona, no estoy involucrado de ninguna manera en esa operación comercial”, expuso el Alcalde priista.
“Yo no he platicado con mi hermano, él tiene muchas operaciones, seguramente de diferente naturaleza, es un tema que atañe a sus operaciones, a su patrimonio. Personalmente no lo conozco y no tengo ninguna relación comercial con él”, expuso el priista.
Ayer se publicó que Filiberto, hermano del Alcalde realizó al menos una operación inmobiliaria con Lobatón, que enfrenta 315 denuncias por fraude por un total de aproximadamente 860 millones de pesos (mdp).
Documentos de los que Grupo REFORMA tiene copia muestran que el despacho De la Garza Santos Abogados adquirió derechos de una propiedad en Puerto Aventuras, una exclusiva zona turística localizada a unos 20 minutos de Playa del Carmen, en la Riviera Maya.
El monto fue de 80 mdp por 35.56 por ciento de los derechos de propiedad del inmueble, indica la factura emitida el 23 de diciembre del 2025.
Afectados por la empresa Proyectos 9 acusaron el 13 de abril pasado al Alcalde de Monterrey y a su hermano de tener relación con esa inmobiliaria.
Lobatón, quien desde el 20 de mayo cumple prisión preventiva en Apodaca, enfrenta denuncias interpuestas por 315 inversionistas que le hicieron aportaciones a cambio de departamentos que nunca se terminaron de construir.
El monto reclamado asciende a 860 mdp, según la autoridad.
