- Aunque fue absuelto de delincuencia organizada, Roberto Borge Angulo aún no recupera plenamente su libertad.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
CANCÚN, Q. ROO.- Aunque fue absuelto de delincuencia organizada, Roberto Borge Angulo aún no recupera plenamente su libertad.
El ex gobernador priista permanece sujeto a prisión domiciliaria en un inmueble del Estado de México, mientras enfrenta otro proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero.
Ese expediente es, hasta ahora, el único frente judicial de relevancia que sigue abierto en su contra.
El caso revive inevitablemente la memoria de otro ex gobernador quintanarroense sometido a procesos penales de alto impacto: Mario Villanueva Madrid, detenido en 2001 y sentenciado por delitos contra la salud y delincuencia organizada.
Tras más de dos décadas entre cárceles mexicanas y estadounidenses, obtuvo prisión domiciliaria por razones de salud; sin embargo, recientemente denunció que buscan regresarlo al penal federal de Villa de Ayala, Morelos.
Quintana Roo carga así con dos ex mandatarios marcados por expedientes penales: Villanueva, convertido durante años en símbolo de la narcopolítica de los noventa, y Borge, presentado como emblema de la corrupción del viejo PRI.
Pero el caso Borge acaba de dar un giro mayor. Un juez federal absolvió al ex gobernador del delito de delincuencia organizada.
Esto, luego de que la FGR no logró acreditar que encabezara una red criminal para rematar 18 predios de reservas territoriales estatales en Cancún, Cozumel, Playa del Carmen, Tulum y Othón P. Blanco.
De acuerdo con la acusación, los terrenos valían mil 86 millones de pesos, pero fueron vendidos en 236 millones, con un presunto daño de 850 millones.
La sentencia también estableció que la Fiscalía no probó vínculos entre los presuntos cómplices ni que las empresas compradoras fueran fachada. Entre los adquirientes señalados estuvo María Rosa Yolanda Angulo Castilla, madre del ex mandatario.
El revés judicial vuelve inevitable mirar hacia Carlos Joaquín González, ex gobernador de Quintana Roo y actual embajador de México en Canadá, bajo cuya administración se impulsó buena parte de la ofensiva política y jurídica contra Borge.
A Carlos Joaquín siempre se le acusó, desde el borgismo, de actuar más con ánimo de venganza que con rigor legal.
El resultado parece darle municiones a esa lectura: los expedientes se fueron cayendo no porque los señalados fueran necesariamente inocentes, sino porque las acusaciones fueron mal integradas, sin elementos suficientes para sostenerse ante un juez.
Borge fue detenido el cuatro de junio de 2017 en Panamá, cuando intentaba abordar un vuelo a París, después fue extraditado a México para enfrentar acusaciones por lavado de dinero, peculado, aprovechamiento ilícito del poder, desempeño irregular de la función pública y delincuencia organizada.
Nueve años después, el expediente más grave se desplomó. La absolución no limpia políticamente al ex gobernador, pero sí exhibe un fracaso institucional.
El Estado mexicano construyó un caso de alto impacto, lo presentó como prueba de combate a la corrupción y terminó perdiéndolo por falta de pruebas.
Esa es la parte más incómoda: Quintana Roo no sólo tiene una historia de gobernadores procesados, también tiene una historia de expedientes mal armados, venganzas disfrazadas de justicia y cuentas públicas que rara vez terminan con responsables plenamente condenados.
Borge sigue bajo proceso, pero el caso que debía sepultarlo judicialmente acaba de sepultar, otra vez, la credibilidad de quienes prometieron hacer justicia.
* Con información de Agencia Reforma
