Exigen reabrir el caso Aguas Blancas

• Activistas y la OCSS exigieron reabrir la investigación de la masacre de 17 campesinos en Aguas Blancas, ocurrida hace 31 años en Coyuca de Benítez, Guerrero.

STAFF / AR

CHILPANCINGO, GUERRERO.- Activistas y líderes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) exigieron la reapertura del caso de la masacre de 17 campesinos, ocurrida hace 31 años en el vado de Aguas Blancas, en el municipio de Coyuca de Benítez.

Militantes de la OCSS, sobrevivientes y viudas de las víctimas realizaron ayer una marcha que culminó con un mitin en el lugar de los hechos.

Norma Mesino Mesino, líder de la organización, señaló que la matanza cometida el 28 de junio de 1995 -durante el Gobierno del priista Rubén Figueroa Alcocer- fue un crimen de lesa humanidad que debe investigarse hasta castigar a los autores intelectuales.

Recordó que ese día los campesinos se trasladaban a Atoyac de Álvarez para exigir apoyos al campo y la presentación con vida de Gilberto Romero Vázquez, quien había sido desaparecido. Los labriegos viajaban a bordo de una camioneta cuando, al pasar por el vado, policías estatales ocultos en la zona los emboscaron a balazos.

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Mesino Mesino detalló que el 23 de abril de 1996, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió la resolución 3/96, en la que acreditó graves violaciones a los derechos humanos cometidas por Figueroa Alcocer; el entonces secretario general de Gobierno, José Rubén Robles Catalán, y el ex procurador de Justicia, Antonio Alcocer Salazar.

Asimismo, una resolución de 1998 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado mexicano ejercer acciones penales individuales contra altos funcionarios.

“Los gobiernos del PRI, PAN, PRD y ahora Morena no han tenido voluntad jurídica ni política para enjuiciar a los responsables de la masacre de Aguas Blancas”, acusó la activista.

Durante el acto político, también se exigió la liberación de Antonio Barragán Carrasco, un sobreviviente de la OCSS que lleva 23 años preso en el penal de Atlacholoaya, Morelos, acusado de un delito que, acusan, no cometió.

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