- La Dirección de Juzgados Cívicos reportó avances sustanciales en la eficiencia procesal tras la adopción del modelo de juicios orales implementado en noviembre de 2025.
IGNACIO CALVA
CANCÚN, Q. ROO.- La Dirección de Juzgados Cívicos reportó avances sustanciales en la eficiencia procesal tras la adopción del modelo de juicios orales implementado en noviembre de 2025.
Desde su puesta en marcha, el cuerpo de 13 jueces cívicos en funciones ha desahogado un aproximado de 800 audiencias públicas.
Consolida un incremento significativo en la capacidad de respuesta institucional frente a la comisión de faltas administrativas en el municipio.
Jorge Rivero Pech, titular de la dependencia judicial, explicó que la transición hacia la oralidad permitió abatir en casi 97 por ciento los tiempos de espera y desahogo de expedientes.
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Con el sistema anterior, el procesamiento de un infractor podía prolongarse hasta por seis horas; sin embargo, la dinámica actual permite resolver la situación jurídica de los ciudadanos en un promedio de tan solo 10 minutos por proceso, optimizando los recursos humanos y garantizando el debido proceso.
El funcionario municipal precisó que, aunque el estado de fuerza actual y la infraestructura disponible han logrado contener la demanda ordinaria, la dirección ejecuta un análisis técnico para justificar ante la comuna la solicitud presupuestal para la construcción de una segunda sala de audiencias orales.
El diagnóstico responde a que el contar con un solo espacio físico limita la posibilidad de desahogar casos de manera simultánea, generándose cuellos de botella y retrasos logísticos durante los fines de semana.
Esta presión operativa se agudiza ante el despliegue de operativos masivos de seguridad y ordenamiento vial que derivan en detenciones administrativas múltiples.
Como ejemplo, el director citó la intervención ejecutada contra una rodada de motociclistas el pasado 20 de junio, suceso que saturó temporalmente la capacidad instalada del juzgado debido al volumen atípico de personas presentadas ante la autoridad en un mismo bloque horario.
Dentro del catálogo de conductas antisociales recurrentes en la geografía urbana, los Juzgados Cívicos identifican el consumo de bebidas alcohólicas o estupefacientes en la vía pública, la pinta de grafiti en propiedad ajena y la omisión de cuidados en mascotas como las principales causales de remisión.
Una de las prioridades estratégicas de la corporación es el tratamiento de los jóvenes infractores, particularmente aquellos que enfrentan problemas de consumo de sustancias.
Para evitar el esquema punitivo tradicional, la dirección mantiene un convenio de colaboración con el Instituto Municipal Contra las Adicciones (IMCA), logrando canalizar a la fecha a cerca de 120 jóvenes hacia terapias integrales y gratuitas.
A partir de este seguimiento clínico, la dependencia reporta una tasa de reincidencia del cero por ciento en este sector.
No obstante, las evaluaciones médicas y los tamizajes psicológicos aplicados por los especialistas de la Dirección de Juzgados Cívicos arrojaron un indicador crítico sobre el entorno familiar.
El 85 por ciento de los jóvenes evaluados identificó la dinámica con sus padres, específicamente la ausencia de figuras de autoridad o el descuido parental, como el detonante principal de sus conductas disruptivas.
Ante este panorama, Rivero Pech formuló un llamado a la corresponsabilidad y a la conciencia de los jefes de familia para estrechar la supervisión sobre las actividades de los menores fuera del hogar.
Subrayó la importancia de estrechar la comunicación afectiva para detectar factores de riesgo a tiempo, permitiendo corregir conductas y conductas de adicción antes de que escalen a faltas de carácter penal o pongan en riesgo la integridad de los propios jóvenes.
