- Tres elementos de la Policía Turística municipal fueron detenidos por su presunta participación en los delitos de abuso de autoridad y extorsión en agravio de dos turistas extranjeros.
OMAR ROMERO
CANCÚN, Q. ROO.- Tres elementos de la Policía Turística municipal fueron detenidos por su presunta participación en los delitos de abuso de autoridad y extorsión en agravio de dos turistas extranjeros.
Así lo informó el fiscal general del estado, Raciel López Salazar, quien aseguró que no habrá tolerancia para los servidores públicos que utilicen su cargo para cometer actos de corrupción.
El operativo fue realizado por agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito de Benito Juárez.
De acuerdo con el fiscal, los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado tres de junio, cuando las víctimas se encontraban en la Zona Hotelera de Cancún y fueron interceptadas por dos policías turísticos, quienes presuntamente las acusaron de realizar sus necesidades fisiológicas en la vía pública.
Bajo ese argumento, los elementos les exigieron el pago de mil 400 dólares, equivalentes a aproximadamente 28 mil pesos, para evitar ponerlos a disposición de las autoridades.
Posteriormente, un tercer policía llegó al sitio y trasladó a los turistas a un cajero automático, donde presuntamente los obligaron a retirar el dinero. Una de las víctimas entregó 800 dólares y la otra 600 dólares.
Tras los hechos, los visitantes presentaron la denuncia correspondiente, lo que permitió a la Fiscalía integrar la carpeta de investigación y reunir los elementos de prueba que derivaron en la detención de los tres agentes.
López Salazar señaló que, además del proceso penal, se trabaja de manera coordinada con la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana para que los policías enfrenten también los procedimientos administrativos que correspondan.
El fiscal advirtió que, por los delitos que se les imputan, los agentes podrían enfrentar penas de hasta 25 años de prisión, además de las sanciones administrativas derivadas de su conducta.
Subrayó que este caso refleja el compromiso de la Fiscalía con el combate a la corrupción dentro de las corporaciones de seguridad y reiteró que ningún servidor público estará por encima de la ley.
“No vamos a permitir abusos ni extorsiones por parte de quienes tienen la responsabilidad de proteger a la ciudadanía y a los visitantes”, enfatizó.
Como parte de la estrategia de depuración institucional, el fiscal informó que, durante la actual administración, la FGE ha dado de baja a 596 servidores públicos que no cumplían con el perfil o los principios de la institución, además de realizar mil 412 cambios de adscripción para fortalecer el desempeño operativo.
Indicó que 39 servidores públicos han sido judicializados por delitos como abuso de autoridad, omisión en el servicio público, ejercicio ilícito del servicio público y evasión de personas privadas de la libertad.
López Salazar hizo un llamado a la ciudadanía y a los turistas nacionales y extranjeros a denunciar cualquier acto de extorsión, abuso de autoridad o conducta irregular por parte de servidores públicos.
