- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Benito Juárez determinó la separación inmediata de sus cargos de tres empleados adscritos al Centro de Asistencia Temporal (CAT).
IGNACIO CALVA
CANCÚN, Q. ROO.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Benito Juárez determinó la separación inmediata de sus cargos de tres empleados adscritos al Centro de Asistencia Temporal (CAT).
La medida administrativa se ejecutó tras confirmarse la ausencia de dos mujeres adolescentes bajo resguardo de la institución y la posterior difusión de material videograbado en el que, presuntamente, se documentan actos de violencia física y malos tratos perpetrados por el personal en contra de las jóvenes.
Marisol Sendo Rodríguez, directora general del DIF municipal, informó que al detectarse la evasión de las menores, la dependencia activó de forma prioritaria los protocolos de búsqueda y localización en coparticipación con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
De forma paralela, se dio parte formal a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo para la emisión de las respectivas Alertas Amber e inicio de las carpetas de investigación correspondientes.
La funcionaria precisó que, ante la gravedad de las conductas exhibidas en los videos donde las adolescentes manifestaban ser víctimas de agresiones, el área jurídica interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía de Atención Temprana con el propósito de deslindar responsabilidades de carácter penal.
Adicionalmente, el DIF inició un procedimiento administrativo interno para auditar el desempeño del personal de guardia y detectar posibles fallas u omisiones en las directrices de supervisión del CAT.
Con el fin de garantizar la transparencia y el combate a la impunidad, la Dirección General dio aviso a la Contraloría del Ayuntamiento para que inicie las investigaciones relativas a la presunta comisión de faltas administrativas por parte de los servidores públicos involucrados.
Como parte de la colaboración interinstitucional, el DIF municipal puso a disposición de las autoridades ministeriales y de control interno la totalidad de los archivos de video captados por el sistema de cámaras de seguridad del circuito cerrado del inmueble asistencial.
“Desde que nos dieron vista de ese video, también se hizo por protocolo una denuncia a la Fiscalía de Atención Temprana, precisamente para la investigación y el deslinde de responsabilidades.
“Además, se inició la investigación de manera interna con nuestros protocolos o nuestros procesos administrativos para verificar si hay alguna falla o qué tenemos que reforzar”, declaró Sendo Rodríguez.
Respecto al estado de la seguridad perimetral, la titular del DIF recordó que el inmueble cuenta actualmente con el resguardo fijo de tres elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y esquemas de patrullaje preventivo continuo, un esquema que fue reforzado tras la evasión de cuatro menores registrada durante el año 2023.
En este sentido, la dirección evalúa solicitar formalmente a la corporación policial un incremento en el estado de fuerza asignado, sugiriendo la incorporación de agentes femeninas.
No obstante, Sendo Rodríguez acotó que la contención de estas conductas requiere prioritariamente el reforzamiento de la capacitación del personal de asistencia y la ampliación de programas terapéuticos y ocupacionales para los internos.
La funcionaria expuso que la tendencia de evasión entre los jóvenes se asocia de forma directa al fenómeno del abandono y a la inexistencia de redes de apoyo familiares.
Son factores que detonan cuadros severos de depresión, ansiedad y desesperanza en los menores bajo tutela del Estado.
Ante este diagnóstico socioemocional, el personal de cuidadores y docentes del CAT recibe formación en técnicas de contención psicológica de crisis, complementando el tratamiento con talleres diarios de música, corte y confección, yoga, activación física, voleibol, skate y sesiones matutinas de meditación orientadas a la reducción de los niveles de estrés y ansiedad.
La directora general enfatizó que el internamiento en el CAT constituye la última instancia de protección a la que recurre la Procuraduría de la Defensa del Menor, toda vez que la ley obliga a agotar previamente la localización de familiares directos o extendidos capaces de asumir la custodia.
Ello responde a que, debido a la naturaleza restrictiva de los centros de asistencia temporal, estos no representan el entorno óptimo para el desarrollo integral de la infancia.
“Lo cierto es que sabemos que nuestro centro de asistencia temporal y en general todos los CATs, son la última instancia que tiene Procuraduría para proteger a las niñas y niños.
“Procuraduría primero, antes que nada, agota todo lo que tiene en temas de redes de apoyo, antes de que una niña o un niño entre a nuestro CAT, precisamente porque no es un lugar sano, independientemente que sea el mejor del mundo, para una niña, un niño y a un adolescente”, expresó.
Actualmente, el padrón del CAT de Benito Juárez registra una población activa de 125 menores de edad bajo resguardo, de los cuales 77 corresponden al género femenino y 48 al masculino.
Dentro de esta población, 60 por ciento se ubica en el rango de la adolescencia, con edades que oscilan entre los 12 y los 17 años.
