- La FGR rechazó que el ex Gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, sea un perseguido político.
STAFF / AR
CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó que el ex Gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, sea un perseguido político, y aseguró que la imputación de huachicol fiscal que lo tiene en la cárcel responde a una investigación con 96 datos de prueba, sin sesgos de otra índole.
En un comunicado, reconoció que en su proceso sólo se le acusa de un daño a la hacienda pública de 166 millones de pesos, por el aseguramiento de 170 ferrotanques con 18 millones de litros de hidrocarburos en julio de 2025; sin embargo, anticipó que demostrará que el perjuicio real superó los 4 mil millones de pesos.
“Fueron las propias investigaciones las que revelaron la posible participación de las personas que han sido vinculadas a proceso, lo que deja claro que no se trata de una persecución política. Ernesto ‘N’ no es perseguido por sus ideales o vínculos políticos, se le investiga por su probable participación en las conductas delictivas que hemos referido”, sostuvo la institución.
“La Fiscalía reitera que dichas investigaciones son totalmente apegadas a derecho, sin ningún sesgo de otra índole, respetándose en todo momento el debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos humanos de las personas imputadas”.
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De acuerdo con la FGR, la imputación consta de 96 datos de prueba, entre los que figuran dictámenes periciales en química, ingeniería mecánica y eléctrica, fotografía, criminalística e identificación, con el fin de establecer si el hidrocarburo de los cargamentos era gasolina o diesel.
La postura del Ministerio Público se emitió horas después de que la Presidenta Claudia Sheinbaum también descartara alguna persecución en contra del primer Gobernador de Oposición en la historia del País (PAN), quien actualmente forma parte de Somos México.
Aunque desde la captura de Ruffo la Fiscal General, Ernestina Godoy, señaló que la red delictiva causó un quebranto superior a los 4 mil millones de pesos, en la nota informativa la FGR admitió que dicha cantidad intentará acreditarla durante el periodo de investigación complementaria.
“Es importante aclarar que si bien es cierto, hasta este momento se ha imputado un perjuicio fiscal de más de 100 millones de pesos derivado del contrabando realizado mediante 170 ferrotanques asegurados en julio de 2025; no obstante, del cruce de información entre la Agencia Nacional de Aduanas y el SAT se logró establecer la reiteración de más de 4 mil operaciones irregulares durante el primer semestre de ese año, lo que podría ascender a más de 4 mil millones de pesos de daño patrimonial a la nación”, indicó.
Asimismo, la FGR recordó que el 9 de agosto de 2018 la empresa Ingemar fue constituida por José Merino Valdés Cuervo y sus firmas Dragados y Puertos, S. de R.L. de C.V., y Servicios Portuarios, S.A. de C.V. Agregó que el 12 de octubre de ese mismo año Ruffo inició su participación accionaria.
Detalló que para 2021 el ex Mandatario panista figuraba como accionista y fue designado secretario del Consejo de Administración, participando con Merino Valdés en la conducción, representación legal y toma de decisiones estratégicas de la sociedad.
