- Las sanciones serían aplicadas en última instancia por la CRT, cuando un medio desatienda las recomendaciones de la defensoría y persista vulneración de derechos.
STAFF / AR
CIUDAD DE MÉXICO.- La consejera jurídica del Ejecutivo federal, Luisa María Alcalde, informó que los nuevos lineamientos sobre derechos de las audiencias prevén multas contra concesionarios de radio y televisión.
La funcionaria explicó que las sanciones serían aplicadas por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) como última instancia, cuando un medio desatienda las recomendaciones de su defensoría y persista la vulneración de derechos.
“Si el medio no atiende la recomendación, se acude a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para que pueda intervenir y, en casos extremos, donde no se respeten los derechos de las audiencias, puede llegar a haber multas y sanciones como última instancia”, afirmó.
Durante la conferencia mañanera, la servidora pública presentó el anteproyecto de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, que permanecerá en consulta pública durante 20 días, del 27 de julio al 21 de agosto.
Las disposiciones serían obligatorias para concesionarios comerciales, públicos y sociales de televisión abierta, radio, televisión y audio de paga, así como para empresas programadoras.
Luisa María Alcalde explicó que el procedimiento comenzará cuando una persona presente una queja ante la defensoría de audiencias del medio.
La defensoría deberá solicitar un informe al concesionario, determinar si existió una vulneración y, en su caso, emitir una recomendación en un plazo máximo de 20 días.
Si el medio no atiende la recomendación, la persona podrá recurrir ante la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que intervendrá antes de considerar una multa o sanción.
Los lineamientos obligarán a las estaciones de radio y televisión a contar con un código de ética y designar al menos a una persona defensora de las audiencias.
“Las personas defensoras deben regirse por los principios de imparcialidad, independencia, objetividad y transparencia. Las personas defensoras no deben tener conflicto de interés”, explicó Alcalde.
En el caso de radios y televisoras comunitarias, indígenas y afromexicanas, la persona defensora deberá pertenecer a la misma comunidad.
El anteproyecto reconoce el derecho de las audiencias a recibir información veraz y oportuna, distinguir las noticias de las opiniones y diferenciar la publicidad de los contenidos editoriales.
Los medios deberán identificar opiniones y publicidad mediante menciones, mensajes en pantalla, cortinillas o plecas, además de permitir el ejercicio del derecho de réplica frente a información falsa o inexacta.
“La responsabilidad de los medios es no difundir información falsa, descontextualizada o información histórica como si fuera actual”, afirmó la consejera jurídica.
El proyecto también contempla servicios de accesibilidad para personas con debilidad auditiva y representaciones visuales respetuosas e inclusivas.
Luisa María Alcalde recordó que los derechos de las audiencias fueron incorporados a la Constitución en 2013, desarrollados en la legislación de 2014 y eliminados mediante una reforma de 2017, posteriormente invalidada por la Suprema Corte en 2022.
La funcionaria aseguró que la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión recuperó y fortaleció esos derechos, cuya aplicación busca reglamentar ahora la comisión.
Prensa escrita
Claudia Sheinbaum planteó revisar si la regulación debe extenderse a la prensa escrita y las plataformas digitales.
La presidenta informó que la prensa escrita y las plataformas digitales no están incluidas en el proyecto, debido a que las facultades de la comisión se limitan a la radio y la televisión.
“La prensa escrita no está incorporada en este proceso. Tendría, en todo caso, que revisarse si es necesario o no, o las plataformas también no están en esta regulación, que son temas que están también a discusión de la sociedad”, expresó.
La titular del Ejecutivo sostuvo que los lineamientos buscan hacer efectivo el derecho constitucional a recibir información veraz, y llamó a concesionarios, organizaciones, académicos y ciudadanos a participar en la consulta.
“Se abre la consulta pública para que se pueda participar y se pueda llegar a los lineamientos de manera definitiva, que tienen que ver con el derecho a la información”, señaló.
