POR KUKULKAN
HAY FRASES que en política envejecen peor que la leche bajo el sol. Una de ellas es aquella de que “la memoria de los ciudadanos dura muy poco”. Quizá por eso la diputada panista Lizzette Salgado decidió levantar la voz para exigir a la Fiscalía capitalina y al Gobierno de la Ciudad reforzar el combate contra el despojo de inmuebles, como si el fenómeno hubiera nacido por generación espontánea y no tuviera historia, apellidos ni códigos postales.
RAZÓN no le falta en una cosa: el despojo se ha convertido en una pesadilla para miles de familias capitalinas. Basta recorrer las viejas colonias de la Ciudad de México para escuchar historias de edificios ocupados irregularmente, escrituras que misteriosamente cambian de dueño, identidades suplantadas y juicios interminables donde el legítimo propietario termina convertido en visitante de su propia casa. Son décadas de una enfermedad que se alimentó de la impunidad y de las complicidades.
LOS NÚMEROS retratan el tamaño del problema. Más de 25 mil carpetas de investigación por despojo entre 2020 y abril de 2026. Apenas 463 detenidos frente a miles de denuncias. Una diferencia tan escandalosa que cualquiera podría pensar que las únicas propiedades realmente blindadas son las de quienes conocen demasiado bien los pasillos del poder.
HASTA AHÍ, el diagnóstico de la legisladora panista parece correcto. Donde la memoria comienza a incomodar es cuando se revisa quiénes administraban durante años la demarcación que hoy vuelve a ser escenario de denuncias por presuntos despojos y operaciones inmobiliarias irregulares. Desde luego, la alcaldía Benito Juárez no sólo es famosa por sus cafeterías, sus edificios nuevos y sus departamentos de precios estratosféricos.
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TAMBIÉN quedó marcada por el escándalo que la opinión pública bautizó como el llamado “Cártel Inmobiliario”, una trama de presuntas irregularidades en desarrollos urbanos que derivó en investigaciones, órdenes de aprehensión y detenciones de exfuncionarios de esa demarcación. Varios de esos servidores públicos formaron parte de administraciones encabezadas por militantes panistas, entre ellas la de Jorge Romero, hoy dirigente nacional del PAN, quien ha rechazado las acusaciones en su contra y respecto del cual no existe una sentencia condenatoria.
POR ESO resulta inevitable que la exigencia de combatir las redes del despojo termine proyectando una sombra incómoda hacia el propio origen político de quien hoy pide mano dura. Cuando se habla de estructuras organizadas, de documentos presuntamente alterados, de complicidades administrativas y de negocios alrededor del suelo urbano, la conversación difícilmente puede excluir los capítulos más polémicos de Benito Juárez.
LA IRONÍA alcanza niveles casi literarios cuando se escucha hablar de “verdaderos cárteles dedicados al despojo”. El término, sin proponérselo, revive uno de los episodios más costosos para la credibilidad del panismo capitalino. Es como si un pirómano apareciera años después encabezando una colecta para comprar extinguidores. Nadie sensato podría minimizar el drama de quienes pierden su patrimonio. Tampoco puede negarse que el Congreso capitalino endureció las penas y creó nuevas herramientas legales para perseguir estas modalidades delictivas.
SIN EMBARGO, las leyes sirven de poco cuando la maquinaria encargada de aplicarlas avanza con la velocidad de una tortuga burocrática. Los ciudadanos no necesitan discursos; necesitan recuperar sus viviendas antes de que los expedientes acumulen más polvo que las cerraduras de las casas invadidas. Quizá la diputada Salgado tenga razón al pedir que las investigaciones lleguen hasta donde sea necesario. Incluso, si eso significa escalar a las más altas esferas donde alguna vez se tomaron decisiones sobre el desarrollo inmobiliario de Benito Juárez.
SI DE VERDAD existen redes organizadas, como la diputada sostiene, entonces no bastará con detener al operador de ventanilla mientras los arquitectos políticos permanecen cómodamente instalados en oficinas con aire acondicionado. La Ciudad de México ya aprendió que el despojo no sólo ocurre cuando un desconocido cambia una chapa. También puede comenzar con una firma, un permiso, una omisión administrativa o una complicidad silenciosa. El patrimonio de miles de familias vale demasiado para convertirlo en bandera partidista de temporada.
