José Réyez
El tamaño y la importancia de la industria minera en México son un gran atractivo para el crimen organizado. Se estima que el sector genera ganancias anuales superiores a los 330 mil millones de pesos, emplea a más de 400 mil personas y contribuye con el 2.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
Esta enorme escala económica explica por qué el robo y la extorsión a las mineras se han convertido en un negocio tan rentable para los cárteles. El robo de oro y metales preciosos en México está marcado por un evento reciente de gran magnitud que ha puesto en evidencia la vulnerabilidad del sector y la participación del crimen organizado.
El caso ocurrió en julio de 2025, cuando un comando armado interceptó un tractocamión en la carretera que conecta Durango con el puerto de Manzanillo, en las cercanías de Guadalajara, Jalisco. El vehículo transportaba un cargamento de 33 toneladas de concentrado de oro y plata perteneciente a la empresa Grupo Minero Bacis. Este concentrado es un material intermedio que contiene una alta proporción de metales preciosos, pero que aún requiere procesamiento para ser refinado.
El valor estimado del botín es extraordinario. Considerando una ley de concentrado del 7.5 por ciento, el cargamento podría contener alrededor de 2 mil 475 kilogramos de oro, cuyo valor bruto se aproxima a los 263 millones de dólares, una cifra que podría ser incluso mayor al incluir la plata.
Este atraco ha sido comparado con otro sucedido en octubre de 2024 en Zacatecas, donde se robaron seis góndolas con concentrados de una mina de la transnacional Newmont, lo que sugiere un patrón preocupante.
La magnitud y la ejecución del golpe han llevado a que se sospeche fuertemente la participación del crimen organizado, que podría tener la infraestructura y los contactos necesarios para procesar o mover un cargamento de este tipo sin levantar sospechas inmediatas.
La investigación ha tenido un desarrollo poco común. Días después del robo inicial, la góndola vacía y el tráiler fueron localizados y asegurados en un corralón en Jalisco.
Sin embargo, el vehículo fue robado por segunda vez del propio corralón, lo que ha generado serias dudas sobre la custodia y ha llevado a las autoridades a investigar la negligencia. Este hecho ha complicado aún más el caso, del que la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que está siendo investigado por el Gabinete de Seguridad en coordinación con los afectados.
La cadena de suministro, desde la mina hasta el puerto, se ha convertido en un blanco de alto valor, y eventos recientes como el robo del vehículo asegurado en un corralón añaden capas de complejidad al problema.
En resumen, el robo de metales preciosos en México ha escalado a un nivel de “robo del siglo”, con acciones de gran envergadura que apuntan a la delincuencia organizada.
Lejos de ser un problema aislado, el robo y la extorsión a la industria minera en México están extendidos y son operados por múltiples organizaciones criminales que han visto en este sector una fuente de ingresos muy lucrativa.
Al menos dos grandes regiones mineras donde la presencia del crimen organizado es particularmente fuerte. Una de ellas es conocida como la Franja Norte (Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Sinaloa). Se trata de una de las zonas más productivas y también las más disputadas. Aquí operan las dos facciones del Cártel de Sinaloa (Los Chapitos y La Mayiza), el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y organizaciones locales como el Cártel Independiente de Sonora (Los Salazar) y el Cártel de Caborca.
La otra es la Franja Sur (Guerrero, Michoacán y Oaxaca). En esta región, el control recae en grupos como La Familia Michoacana, Los Ardillos, Los Tlacos, los Caballeros Templarios y también el CJNG, que tiene una presencia cada vez mayor.
El interés por las minas no es nuevo. Organizaciones como Los Zetas en Coahuila y Los Caballeros Templarios en Michoacán fueron pioneras en sistematizar la extorsión a mineras a inicios de la década de 2010, un modelo que otras organizaciones han replicado con éxito.
El riesgo no se limita a las zonas de extracción. Los robos de concentrados de metal ocurren a lo largo de las rutas de transporte, lo que afecta a múltiples estados, como veremos a continuación.
Jalisco: fue el escenario del “robo del siglo” en julio de 2025, donde un comando armado interceptó un cargamento de 33 toneladas de concentrado de oro y plata en una carretera cercana a Guadalajara.
Zacatecas: en octubre de 2024, se registró un robo similar en una carretera de este estado, donde se llevaron seis góndolas con concentrados de oro, plata, zinc y plomo de la mina Peñasquito, operada por la transnacional Newmont.
Sonora: la mina La Herradura, una de las más productivas en oro y plata, ha sufrido robos de alto valor, lo que incluso llevó a presionar al gobierno federal para crear una fuerza especial de protección, aunque con resultados limitados.
Guerrero: el estado ha visto casos como la imposición de cuotas a la mina Capela y la extorsión constante a la mina Los Filos, ambas por parte de grupos criminales locales.
Querétaro: en las minas de mercurio de la Sierra Gorda, el CJNG no sólo extorsiona, sino que participa en la comercialización del metal, enviándolo a países de Sudamérica.
