- Veracruz se mantiene como la entidad más peligrosa para el ejercicio del periodismo en México al acumular 31 asesinatos de comunicadores desde el año 2000.
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CIUDAD DE MÉXICO.- Veracruz se mantiene como la entidad más peligrosa para el ejercicio del periodismo en México al acumular 31 asesinatos de comunicadores desde el año 2000, de acuerdo con el informe “Prohibido Investigar” de la organización Propuesta Cívica.
Integrantes de dicha organización y de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) denunciaron que la violencia contra la prensa responde a un patrón sostenido de impunidad.
Maia Campbell, representante adjunta de la ONU-DH, precisó que entre 2016 y 2026 el organismo contabilizó 15 asesinatos de periodistas en la entidad. En lo que va del año documentaron los crímenes de Carlos Castro, Roxana Guzmán y Luis Ángel López.
“La información que hemos documentado durante los últimos 10 años muestra que esos hechos raras veces ocurren sin señales de alerta. En la mayoría de los casos existían amenazas, hostigamientos, otros incidentes de seguridad antes de la parte letal”, declaró Campbell durante su intervención.
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El documento señala que el periodo más sangriento ocurrió durante la gestión del ex Gobernador Javier Duarte de Ochoa (PRI), de 2010 a 2016. En esos seis años ocurrieron 18 asesinatos y tres desapariciones de trabajadores de la información, lo que equivale a un crimen cada tres meses.
“Asesinar periodistas en México ha sido posible porque investigar los crímenes nunca ha constituido una prioridad institucional”, afirmó Sara Lidia Mendiola, directora ejecutiva de Propuesta Cívica.
La investigación revisó tres expedientes judiciales que agrupan a ocho víctimas de homicidio entre 2011 y 2012. Entre los casos figuran los ataques contra Miguel Ángel López Velasco, Yolanda Ordaz de la Cruz y Gabriel Huge Córdoba.
Al realizar un análisis, Omar Gómez Trejo, ex Fiscal del caso Ayotzinapa identificó 14 fallas idénticas en la integración de cada investigación. Explicó que los expedientes muestran que las autoridades detuvieron las pesquisas al señalar a los autores materiales del crimen organizado, pero omitieron la línea de investigación sobre la participación de agentes estatales.
