Entre 2023 y 2024, la SEMA otorgó 19 contratos por la cantidad de 68 millones de pesos para la contratación de servicios intangibles.
AGUSTÍN AMBRIZ
CANCÚN, Q. ROO.- Entre 2023 y 2025, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo y organismos vinculados al sector ambiental —principalmente la Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA), además del Ibanqroo— formalizaron al menos 34 contratos por 108.45 millones de pesos, de acuerdo con documentación oficial.
El dato, por sí mismo, describe el tamaño del gasto, pero al abrir los contratos aparece un patrón más revelador: una parte considerable de los recursos no fue destinada a infraestructura ambiental, equipamiento permanente o intervención física del territorio, sino a talleres, capacitaciones, campañas de difusión, asesorías y otros servicios cuyo producto es principalmente intangible.
Sólo los contratos que expresamente pueden clasificarse como talleres, capacitaciones y campañas de difusión suman aproximadamente 68.08 millones de pesos entre 2023 y 2024, distribuidos en 19 contratos.
Es decir, decenas de millones de pesos fueron comprometidos en servicios cuyo cumplimiento se acredita principalmente mediante anexos técnicos, informes, entregables y la conformidad de las áreas administrativas responsables.
Esto no significa, por sí solo, que los servicios no se hayan prestado ni demuestra una irregularidad. Los contratos revisados establecen mecanismos de supervisión, garantías y sanciones.
Lo que sí permiten documentar es una prioridad presupuestal recurrente hacia capacitación y comunicación, así como la reiteración de un grupo reducido de proveedores favorecidos.
SERVICIOS INTANGIBLES
El punto más alto de este modelo de contratación asoma en 2024. Ese año, los 14 contratos revisados de la Procuraduría de Protección al Ambiente, encabezada por Alonso Fernández Lemmen Meyer, acumulan 56 millones 631 mil 799.99 pesos.
Prácticamente todo ese monto corresponde a servicios: difusión, talleres, capacitación, monitoreo ambiental o elaboración de protocolos.
Tan sólo las campañas identificadas explícitamente como servicios de difusión sumaron alrededor de 32.93 millones de pesos.
Entre ellas aparecen títulos como “Energías Renovables: Uso y Beneficios de Energías Limpias”, adjudicado a Publicidad y MKT Dunne, S.A. de C.V., por cuatro millones 292 mil pesos.
La misma empresa recibió otro contrato por cuatro millones 60 mil pesos para difundir “Manejo Sustentable de Recursos Naturales en Quintana Roo: Técnicas y Estrategias para el Manejo Sustentable de los Recursos Naturales”.
Y un tercero, por cuatro millones 150 mil pesos, para el servicio denominado “Ecosistemas de Quintana Roo”, enfocado en manglares, selvas, arrecifes de coral y cenotes.
Los tres contratos otorgados a Publicidad y MKT Dunne durante el universo revisado suman 12 millones 502 mil pesos.
No fue la única con contrataciones repetidas. Servicios y Asesorías TON, S.A. de C.V. concentra también tres contratos, por aproximadamente 12 millones 611 mil 600 pesos.
Uno fue por cuatro millones 361 mil 600 pesos para la difusión de las funciones de la propia Procuraduría; otro, por cuatro millones 100 mil pesos, correspondió a la capacitación titulada “La Comprensión de la Importancia de la Conservación de los Recursos Marinos”.
A ello se suma un contrato por cuatro millones 150 mil pesos para una campaña de difusión sobre “Trato Digno y Respetuoso a los Animales de Compañía”.
Entre esas dos empresas —Publicidad y MKT Dunne y Servicios y Asesorías TON— se concentran seis contratos por más de 25.1 millones de pesos.
CURSOS MILLONARIOS
La dimensión de los contratos llama la atención cuando se observa el costo individual de las capacitaciones. En marzo de 2024, la PPA contrató a TAE Integración de Negocio, S.C. por cuatro millones 300 mil pesos para impartir el taller “Marco Legal para la Protección y Bienestar de los Animales en el Estado de Quintana Roo”, dirigido a Guardianes Comunitarios de la Zona Sur.
El propio contrato señala que el taller debía realizarse los días 11 y 12 de marzo de 2024.
En septiembre del mismo año, Ducktown, S.A. de C.V. obtuvo tres millones 600 mil pesos para el taller “Promoviendo el Trabajo Decente y el Crecimiento Económico Sostenible”, dirigido al personal de la Procuraduría.
También en 2024, Administración Mexxcar VZ, S.A. de C.V. recibió tres millones 500 mil pesos para impartir “Manejo de Conflictos Ambientales: Técnicas para la Resolución de Conflictos Relacionados con el Medio Ambiente”.
En conjunto, únicamente esos tres talleres representan 11 millones 400 mil pesos, pero la contratación de este tipo de servicios no comenzó en 2024.
Durante 2023, Yukawa Servicios Comerciales, S.A. de C.V. recibió dos contratos por cinco millones 220 mil pesos cada uno. Uno fue para capacitación relacionada con los requisitos y formalidades de las visitas de inspección en la Zona Sur; el otro para “Etapas del Procedimiento Administrativo en la Zona Norte”.
Sólo esos dos servicios representaron 10 millones 440 mil pesos; a ellos se sumaron capacitaciones sobre la Ley de Responsabilidad Ambiental, por un millón 566 mil pesos; sobre la Ley de Vida Silvestre, por un millón 320 mil pesos; y sobre la Ley de Protección y Bienestar Animal, por otro millón 566 mil pesos.
De esta forma, el gasto en cursos y talleres ambientales dejó de ser un rubro accesorio para convertirse, dentro de la muestra documental revisada, en una de las principales vías de contratación.
DIFUNDIR PARA CONSERVAR
Otra vertiente millonaria fue la comunicación institucional y ambiental. Publicidad Elkins, S.A. de C.V. aparece en dos contratos revisados. Uno, por tres millones 919 mil 999.99 pesos, tuvo como objeto la campaña “Educación Ambiental para las Comunidades de la Zona Norte del Estado de Quintana Roo: Técnicas para Educar con un Enfoque a la Conservación Ambiental”.
El segundo, por cuatro millones 60 mil pesos, correspondió a la difusión de los principios de la economía circular, reducción, reutilización y reciclaje. En total, la empresa acumula aproximadamente 7.98 millones de pesos en los contratos revisados.
Por su parte, Vecorite, S.A. de C.V. obtuvo tres millones 938 mil 200 pesos para la difusión denominada “Prevención de Delitos Ambientales: Fortalecimiento de la Participación Social en la Prevención de Delitos Ambientales”.
Nuevamente, se trata de productos cuya utilidad pública es más difícil de medir que la compra de maquinaria, la rehabilitación de una infraestructura o la adquisición de equipo especializado.
Los contratos sí establecen mecanismos formales de control. La Dirección Administrativa de la PPA aparece reiteradamente como responsable de supervisar, verificar y aceptar los servicios, y las empresas deben cumplir con anexos técnicos y entregar evidencias.
El punto es otro: en este tipo de servicios, la determinación de que un taller, una campaña o una difusión cumplió “a satisfacción” depende en buena medida de criterios administrativos, entregables y evidencias documentales.
Esto, a diferencia de bienes cuyo número, peso, dimensiones o existencia física puede comprobarse directamente.
La escala de los contratos abre una pregunta legítima sobre prioridades. Quintana Roo enfrenta problemas estructurales vinculados al sargazo, residuos sólidos, contaminación, protección de fauna, deterioro de ecosistemas, vigilancia ambiental y manejo de áreas naturales protegidas.
No obstante, la PPA canalizó millones de pesos a cursos y campañas cuyos títulos se repiten alrededor de conceptos como conservación, economía circular, energías limpias, bienestar animal o educación ambiental.
Entre 2023 y 2024, 19 contratos identificados directamente como capacitación, talleres o difusión sumaron unos 68 millones 79 mil 800 pesos. Esa cifra da escala al fenómeno: no se trata de cursos aislados de bajo costo, sino de una política contractual que movió decenas de millones.
