- El Gobierno de Veracruz reportó la atención de 106 audiencias ciudadanas relacionadas con posibles casos de despojo.
JORGE GONZÁLEZ
XALAPA, VER.- El Gobierno de Veracruz reportó la atención de 106 audiencias ciudadanas relacionadas con posibles casos de despojo o afectaciones a la propiedad y posesión de inmuebles desde diciembre de 2025.
Esto, mediante una estrategia de revisión individual de los expedientes y coordinación con las instituciones competentes.
El secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, informó que la mayoría de los asuntos analizados no corresponde a redes de despojo, sino a conflictos entre particulares.
Derivan principalmente de préstamos hipotecarios, operaciones de compraventa y disputas relacionadas con sucesiones testamentarias e intestamentarias.
Durante la conferencia de prensa encabezada por la gobernadora Rocío Nahle García, el encargado de la política interna del estado explicó que 92 por ciento de los casos atendidos tiene su origen en este tipo de controversias jurídicas y patrimoniales.
El ocho por ciento restante, precisó, presenta posibles irregularidades que requieren una revisión más profunda, entre ellas el presunto uso de documentos falsos, suplantación de identidad, falsificación de poderes notariales y simulación de actos jurídicos.
Ante este escenario, el Gobierno del Estado mantiene coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), el Poder Judicial y el Colegio de Notarios del Estado de Veracruz, con el propósito de orientar a los ciudadanos y canalizar cada caso ante la autoridad responsable de atenderlo.
La estrategia, explicó Ahued Bardahuil, busca que las personas que consideran haber sido afectadas en sus derechos de propiedad cuenten con acompañamiento institucional, pero también que cada asunto sea atendido dentro del ámbito de competencia de las autoridades correspondientes.
Uno de los aspectos en los que se ha reforzado la revisión es el relacionado con los procedimientos de desalojo.
Para ello, la Secretaría de Gobierno mantiene coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, con el fin de revisar los procedimientos antes de su ejecución y verificar que cumplan con los requisitos establecidos en la legislación.
El objetivo es evitar que un desalojo se lleve a cabo sin que exista el sustento legal correspondiente o que se presenten irregularidades durante la ejecución de una orden, en un tema que ha generado preocupación entre ciudadanos que han denunciado posibles afectaciones a su patrimonio.
Como parte de las acciones para fortalecer la certeza jurídica, también se encuentra en marcha la revisión de las 260 notarías existentes en Veracruz.
Este proceso concluirá en diciembre y tiene como objetivo verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable y garantizar que los actos y documentos notariales se apeguen a la legalidad.
La revisión forma parte de una estrategia más amplia para detectar posibles irregularidades y fortalecer los mecanismos de control en procedimientos que tienen relación directa con la transmisión, registro y acreditación de la propiedad.
Ahued Bardahuil informó además que la Secretaría de Gobierno mantiene bajo su administración 62 notarías que, debido a la cesantía o retiro de sus titulares, quedaron bajo responsabilidad del Ejecutivo estatal.
En estos casos, la dependencia tiene a su cargo el resguardo de la documentación y la atención de solicitudes de aclaración presentadas por ciudadanos que requieren información o seguimiento sobre actos y documentos generados en esas notarías.
El secretario de Gobierno señaló que, como resultado del acompañamiento institucional y la revisión de los casos expuestos por la ciudadanía, tres asuntos que alcanzaron amplia difusión pública han sido resueltos favorablemente.
Entre ellos se encuentra un caso relacionado con un inmueble ubicado en Las Ánimas, así como otro que involucró a un alcalde y a particulares, aunque durante la exposición no se dieron a conocer mayores detalles sobre los procedimientos jurídicos que permitieron alcanzar una solución.
Los datos presentados por el gobierno estatal muestran que la mayor parte de los asuntos atendidos corresponde a disputas entre particulares, muchas de ellas originadas por obligaciones financieras, contratos privados o conflictos sucesorios, que deben resolverse a través de las instancias jurídicas correspondientes.
Sin embargo, los casos que sí presentan indicios de posibles irregularidades, como documentos falsificados o suplantación de identidad, requieren la intervención de las autoridades investigadoras y judiciales para determinar si existen responsabilidades y, en su caso, proceder conforme a la ley.
