- El funcionario de la FGR en Veracruz, Mauricio Alexandro Rosaldo García, y tres agentes del Ministerio Público fueron denunciados por presunto abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia.
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CIUDAD DE MÉXICO.- El fiscal de la Fiscalía General de la República (FGR) en Veracruz, Mauricio Alexandro Rosaldo García, y tres agentes del Ministerio Público fueron denunciados por presunto abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia, por mantener asegurados durante casi ocho meses seis helicópteros, una aeronave, una aeropista y las instalaciones de una empresa de fumigación agrícola.
El apoderado legal de Agrogema Agro, S.A. de C.V., Omar Pérez Gómez, presentó las denuncias ante el Órgano Interno de Control (OIC) y la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos (FEAI) de la FGR.
En los denunciados aparecen también el agente del Ministerio Público Federal y titular de la Célula II-1 de Investigación en Xalapa, Carlos Manuel Pérez Solís, y la fiscal en jefe de la FII-II en esa ciudad, Andrea Jahel González Castillo.
La empresa, con sede en Medellín, Veracruz, acusa irregularidades en el aseguramiento de sus bienes y sostiene que durante casi ocho meses la FGR no le reconoció carácter de investigada, imputada, víctima o parte ofendida.
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El abogado de la compañía, José Jorge Reyes Peralta, informó que la FGR finalmente judicializó la carpeta y citó al afectado para comparecer en libertad ante un juez de control federal en Emiliano Zapata, Veracruz, el 4 de noviembre próximo.
Según el litigante, la imputación es por presunto uso ilícito de instalaciones destinadas al tránsito aéreo, previsto en el artículo 172 Bis del Código Penal Federal, delito que contempla una pena de dos a seis años de prisión.
Reyes Peralta sostuvo que la aeropista y las aeronaves operan legalmente y que durante la investigación entregaron a la autoridad documentación sobre los aparatos, clientes, estados financieros de la empresa y mecanismos de cumplimiento normativo.
Afirmó que la compañía presta servicios de fumigación al sector agrícola y que unas 50 familias dependen de sus operaciones.
“Seguimos deteniendo y luego investigando. Seguimos asegurando bienes y luego investigando”, reprochó el abogado afuera de las instalaciones de la FGR en la Ciudad de México.
La defensa considera que la judicialización bajo ese delito desvirtúa la gravedad atribuida inicialmente al caso y sostiene que no existe una investigación por delincuencia organizada.
Ahora, mientras la FGR lleva ante un juez el caso relacionado con la aeropista, sus propios funcionarios también deberán enfrentar las denuncias promovidas por la empresa ante el OIC y la oficina de Asuntos Internos.
