José Réyez
En las últimas semanas, Yucatán se ha convertido en el escenario de un nuevo capítulo en la larga lucha por la justicia ambiental. El Basurero Municipal de Kanasín, una herida abierta en el pulmón de la región, ha vuelto a ser noticia. No por sus avances, sino por una denuncia ciudadana que retrata una realidad desoladora: un sitio que, a pesar de las órdenes judiciales y las clausuras, sigue operando al borde del caos y, lo que es peor, al filo de uno de los ecosistemas más vulnerables del planeta.
El pasado 21 de julio, el ciudadano José Eugenio Canché Rodríguez presentó formalmente una denuncia ambiental ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
En su escrito, al que tuvo acceso este medio, documenta con lujo de detalle la situación actual del basurero, operado por la empresa Saneamiento Sana, integrante del Grupo Ciclo Ambiental.
El cuadro es desolador. De acuerdo con las 10 fotografías adjuntas como evidencia, el sitio no cuenta con una impermeabilización adecuada, un requisito fundamental de la NOM-083-SEMARNAT-2003. La geomembrana, que debería cubrir toda la base para evitar la filtración de contaminantes, apenas protege una fracción del área activa. Los lixiviados, ese líquido tóxico resultado de la descomposición de la basura, se conducen por canales de tierra hacia una laguna ubicada en el borde de la selva, sin la contención necesaria.
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La imagen es cruda: un líquido oscuro fluye directamente sobre el suelo kárstico de la región, el mismo que, en cuestión de horas, puede llevar la contaminación hasta el acuífero subterráneo.
El denunciante no sólo señala las irregularidades operativas, sino que pone el dedo en la llaga de la salud pública y la tragedia ecológica inminente.
El BMK se encuentra en la zona de influencia de la Reserva Estatal Geohidrológica del Anillo de Cenotes, un ecosistema de una fragilidad extrema. La contaminación de este acuífero cárstico, que es la única fuente de agua dulce para la región, sería un desastre de proporciones incalculables.
Este escenario no es nuevo para las autoridades. La Profepa ya había clausurado el sitio en octubre de 2025 tras detectar graves incumplimientos. Incluso, en mayo de 2026, un Tribunal Colegiado ordenó una supervisión activa para garantizar la construcción del sistema de captación de lixiviados. Sin embargo, la denuncia de julio demuestra que las deficiencias persisten y que la amenaza es inminente.
Frente a este panorama, la versión de la empresa Saneamiento Sana contrasta radicalmente. En un comunicado difundido el pasado 24 de mayo, la compañía celebró el levantamiento total de la clausura por parte de la Profepa, asegurando que el sitio cumple con los estándares ambientales y que fue avalado por una Unidad de Verificación acreditada. Ramón Ugalde Bellido, director de la empresa, afirmó que la reapertura “reafirma que el relleno sanitario cumple con estándares ambientales aplicables”.
Mientras la empresa presume de su reconocimiento DS LATAM – ISWA México 2026, el ciudadano denunciante exige a las autoridades que actúen. En sus petitorios, solicita una visita de inspección inmediata, el inicio de un procedimiento administrativo contra la concesionaria y, lo más urgente, la aplicación de medidas para detener el daño ambiental inminente.
La población de Kanasín y de toda la zona metropolitana de Mérida observa con preocupación. La batalla por un medio ambiente sano se libra hoy en las entrañas de un basurero, donde el futuro del agua y la salud de miles de personas están en juego.
