- Al condenar lo que calificaron como “extorsiones institucionalizadas” del Estado a la Iniciativa Privada, legisladores locales del PAN y PRD pidieron ayer a los empresarios denunciar los hechos.
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MONTERREY, NL.- Al condenar lo que calificaron como “extorsiones institucionalizadas” del Estado a la Iniciativa Privada, legisladores locales del PAN y PRD pidieron ayer a los empresarios denunciar los hechos y que la Fiscalía General de Justicia investigue al Gobernador Samuel García.
Carlos de la Fuente, líder de la fracción del PAN, dijo que los empresarios que estén siendo presionados por el Estado, deben denunciar.
“Hay que pedirle al Estado que de una vez nos diga las diferentes cuotas que le va a querer cobrar a los empresarios y que ya las haga públicas”, expresó, “que diga en base a qué monto es el tipo de prestación o beneficio que va a recibir el empresario.
“La verdad es que vergonzosa esta situación y las cámaras empresariales se deberían de manifestar rechazando el llamado del Gobierno del Estado”, añadió.
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“Lo ideal es que quien haya estado en esas condiciones presente su denuncia correspondiente, y nosotros estamos analizando si con la manifestación pública que hizo el Gobernador tenemos la capacidad y la posibilidad de presentar una denuncia”.
El viernes, el Gobernador emecista llamó a empresas a hacer aportaciones económicas mediante el programa “Ponte Nuevo” y les ofreció a cambio un “trato preferencial”, con el cual no sufrirán “actos de molestia”.
Incluso, el Consejo Cívico emitió un comunicado en el que cuestionó la política anunciada por el Gobernador y advirtió que el Estado tiene la obligación de combatir la corrupción, agilizar trámites y garantizar certeza jurídica a todos los ciudadanos y no sólo a quienes estén dispuestos a pagar.
“Es inaceptable el grado hasta el que ha llegado este Gobierno en sus prácticas de acoso y extorsión al normalizarlas”, expresó Perla Villarreal, Diputada del PRD.
“Hago un llamado a los empresarios a que denuncien, a que presenten las denuncias correspondientes”, añadió, “porque no podemos permitir que desde el Gobierno se alienten las extorsiones y el cobro de piso.
“Este tema no se puede normalizar, se tiene que investigar, que la Fiscalía tome cartas en el asunto”.
