Roban 10 granadas para surtir al crimen

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  • Dos militares de tropa fueron acusados de simular el uso de granadas calibre 40 milímetros durante prácticas de tiro para robarlas y tratar de venderlas en Guadalajara.
STAFF / AR

CIUDAD DE MÉXICO.- Dos militares de tropa fueron acusados de simular el uso de granadas calibre 40 milímetros durante prácticas de tiro para robarlas y tratar de venderlas en Guadalajara, presumiblemente a grupos del crimen organizado.

El caso involucra 10 granadas robadas en el Centro de Adiestramiento de la II Región Militar, en Santa Catarina, Baja California, y descubiertas cuando el encargado de una empresa de paquetería alertó a las Fuerzas Armadas sobre un paquete inusual. El aviso impidió que llegaran a su destino.

De acuerdo con la investigación, el Sargento Primero de Materiales de Guerra Gabriel Cagal Chiguil y el Cabo de Materiales de Guerra Alfredo Ceceña Domínguez, del 60 Batallón de Infantería, con sede en Esperanza, Sonora, fueron acusados por el robo.

Los delitos por los que fueron acusados son robo de valores o efectos pertenecientes al Ejército; acopio de armas, en su especie de material de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas; e infracción de deberes comunes a todos los que están obligados a servir en el Ejército, en la modalidad de dar parte contrario a lo que sepa.

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El Ejército no tenía conocimiento del robo hasta que, el 31 de octubre de 2018, Carlos Díaz Féliz, gerente de Autotransporte de Carga Tres Guerras S.A. de C.V., empresa de paquetería ubicada en Ciudad Obregón, Sonora, llamó al Batallón para solicitar la presencia del Ejército.

El gerente pidió inspeccionar una caja que dos hombres habían dejado alrededor de las 18:45 horas, pues les había resultado sospechoso el peso del paquete y su destino: Guadalajara, Jalisco.

Al llegar al local, los militares encontraron una caja con 10 granadas envueltas en hule cristal y las aseguraron ese mismo día.

Los registros señalan que el remitente era Juan García Miranda Raygoza y la destinataria, Mónica Gámez Lizárraga, con domicilio en la capital tapatía.

El hallazgo detonó una investigación interna en la que se descubrió que Cagal Chiguil y Ceceña Domínguez emitían informes falsos sobre las granadas utilizadas en las prácticas de tiro.

Las granadas aseguradas habían sido registradas como destruidas durante las prácticas de tiro en el Centro de Adiestramiento; sin embargo, las granadas pretendían ser enviadas a Guadalajara “para ser utilizados por la delincuencia organizada que opera en dicha plaza”.

Tras asegurar las granadas, el Batallón presentó la denuncia el 5 de noviembre de 2018 por el Teniente Coronel de Infantería Ricardo Martínez Miguel, el Mayor de Infantería Iván Silva Alcántara y el Sargento Segundo de Infantería José Atila Díaz Gómez.

El 14 de noviembre del mismo año, Cagal Chiguil y Ceceña Domínguez fueron vinculados a proceso por el Juez Militar de Control de la Segunda Región Militar, con sede en Mexicali, Baja California. Un tribunal federal resolvió en forma definitiva que el Sargento Primero de Materiales de Guerra Gabriel Cagal Chiguil deberá cumplir con una condena de 29 años con 6 meses de prisión por robar granadas al Ejército y tratar de venderlas al crimen organizado.

DAN CASI 30 AÑOS A MILITAR POR ROBO

El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México negó el amparo que presentó el ex miliar, quien fue hallado culpable de robo de valores o efectos pertenecientes al Ejército; acopio de armas, en su especie de material de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas; e infracción de deberes comunes a todos los que están obligados a servir en el Ejército, en la modalidad de dar parte contrario a lo que sepa.

El fallo señala que el militar intervino directamente en la recepción, control, manejo y disposición de las granadas calibre 40 milímetros.

También establece que firmó el acta de destrucción de granadas fallidas del 28 de septiembre de 2018, entre ellas las identificadas con los números de microimpacto 9728 y 9754, que después fueron localizadas en el paquete asegurado en Tres Guerras.

La condena deberá cumplirla en la Prisión de la Tercera Región Militar, en Mazatlán, Sinaloa, o en el lugar que designe el Juez Militar de Ejecución.

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