- La crisis que envolvió al proceso de ingreso a licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) escaló a una nueva instancia.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
CIUDAD DE MÉXICO.- La crisis que envolvió al proceso de ingreso a licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) escaló a una nueva instancia.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) abrió una investigación para determinar qué ocurrió durante la aplicación del examen de admisión en línea y si existieron omisiones, responsabilidades administrativas o afectaciones económicas derivadas de las irregularidades detectadas.
La indagatoria está contenida en el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa 055/2026, a cargo de la Unidad Especializada en Investigación y Auditoría Forense de la ASF.
Solicitó a la Máxima Casa de Estudios información y documentación relacionada con prácticamente todas las etapas del proceso.
El requerimiento contempla 128 puntos de información, con los que el órgano fiscalizador busca reconstruir la cadena de decisiones que llevó a la aplicación de la prueba por primera vez bajo una modalidad completamente remota.
Entre los aspectos que serán revisados se encuentran la contratación y funcionamiento de la plataforma tecnológica, los mecanismos de seguridad utilizados, el acceso al banco de reactivos, los controles implementados para evitar conductas indebidas, los resultados obtenidos por los aspirantes y las decisiones adoptadas por la Universidad después de detectar anomalías.
La investigación de la ASF ocurre después de que la propia UNAM reconociera problemas en el proceso y emprendiera una revisión interna para determinar las causas de los resultados atípicos registrados en la evaluación.
En su momento, el rector Leonardo Lomelí Vanegas ordenó entonces elaborar un informe sobre el proceso de selección y creó una Comisión Técnica integrada por especialistas de distintas disciplinas para revisar tanto el procedimiento como los resultados.
La instrucción del rector fue que el grupo de expertos tuviera libertad para solicitar información adicional y convocar a los funcionarios que considerara necesarios para esclarecer lo ocurrido.
Al recibir las conclusiones de esa comisión, Leonardo Lomelí sostuvo que la Universidad tiene la obligación de garantizar que quienes ingresen lo hagan con base en su esfuerzo y que el proceso se conduzca bajo criterios de objetividad, imparcialidad y equidad.
La investigación de la ASF abre una segunda vía de revisión, independiente de los trabajos realizados por la propia Universidad.
El punto central será establecer si las irregularidades se limitaron a conductas indebidas de algunos aspirantes o si existieron deficiencias en la contratación, supervisión, operación y seguridad de la plataforma utilizada para realizar la evaluación.
También deberá determinarse si las decisiones tomadas antes, durante y después del examen generaron algún daño económico para la institución y, en su caso, si existen elementos para fincar responsabilidades administrativas.
La dimensión económica tampoco es menor. La repetición del proceso implicó habilitar sedes, movilizar personal y trasladar equipos para realizar una evaluación presencial.
El propio rector reconoció que el costo total del examen de control todavía debía determinarse porque incluía, entre otros conceptos, renta de espacios, traslado de equipos y desplazamiento del personal encargado de supervisar la aplicación.
OBLIGAN A REPETIR EL EXAMEN
El concurso de selección 2026-2027 representó un cambio importante para la Universidad, que decidió trasladar por primera vez su examen de admisión a una plataforma en línea.
Durante las primeras jornadas, la institución informó que miles de aspirantes habían presentado la prueba y que se utilizaron herramientas tecnológicas, incluida inteligencia artificial, para detectar comportamientos considerados anómalos.
Sin embargo, posteriormente surgieron inconsistencias en los resultados que llevaron a la Universidad a revisar todo el procedimiento.
La recomendación central del rector fue realizar un examen de control presencial para verificar los resultados obtenidos inicialmente y ofrecer mayor certeza sobre quiénes debían ocupar los lugares disponibles.
La UNAM terminó convocando a miles de aspirantes a una nueva evaluación, aplicada entre el 12 y el 19 de agosto en León, Oaxaca, Tijuana y Ciudad de México, con 120 reactivos y bajo condiciones presenciales de supervisión.
El propio rector supervisó la aplicación en la Ciudad de México y señaló que quienes obtuvieran un lugar serían aquellos que hubieran demostrado nuevamente su desempeño académico.
CIMBRAN LA ESTRUCTURA
La crisis también provocó un cambio en la estructura directiva de la Universidad.
El 31 de julio, Patricia Dolores Dávila Aranda presentó su renuncia a la Secretaría General de la UNAM, decisión aceptada por el rector Leonardo Lomelí. En su lugar fue designado Javier de la Fuente Hernández.
Dávila Aranda había asumido la Secretaría General en noviembre de 2023 y tenía bajo su ámbito de responsabilidad la administración escolar, área vinculada con el proceso de ingreso a la Universidad.
La UNAM no atribuyó públicamente a la funcionaria una responsabilidad administrativa por las irregularidades y tampoco hizo público que su salida constituyera una sanción.
Lo que informó oficialmente fue que la funcionaria presentó su renuncia y que el rector la aceptó.
El relevo, sin embargo, ocurrió en medio de la crisis generada por el examen de admisión y pocas horas después de que la Universidad anunciara la aplicación de la nueva prueba de control.
* Con información de Agencia Reforma
