Piden premiar firmas ‘verdes’

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  • Las empresas cementeras que inviertan en reducir y compensar sus emisiones deberían obtener ventajas en las licitaciones públicas frente a competidores que no realicen esfuerzos similares de descarbonización, planteó Cruz Azul.
STAFF / AR

CIUDAD DE MÉXICO.- Las empresas cementeras que inviertan en reducir y compensar sus emisiones deberían obtener ventajas en las licitaciones públicas frente a competidores que no realicen esfuerzos similares de descarbonización, planteó Cruz Azul.

Mayra del Carmen Gómez, encargada de Gestión Ambiental de Cruz Azul, señaló que incorporar el desempeño ambiental como criterio en las compras gubernamentales podría generar un incentivo económico para acelerar inversiones en una industria donde reducir la huella de carbono representa un reto.

“Si nosotros como grupo cementero estamos haciendo un esfuerzo de reducir emisiones, de compensar las emisiones que ya no podemos reducir, creo que sí necesitamos como ‘una estrellita’, un punto extra y un reconocimiento”, dijo.

El desafío está relacionado con las características del proceso de producción, pues alrededor de 70 por ciento de las emisiones de la cementera proviene de la fabricación del cemento, principalmente de la descarbonatación de la piedra caliza.

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Una de las principales vías para reducirlas es sustituir combustibles fósiles por combustibles alternos y disminuir la cantidad de clínker utilizada por cada tonelada de cemento. También se analiza el uso de materias primas con menores emisiones asociadas.

Cruz Azul estableció para 2026 una meta de reducción de emisiones de 10 por ciento.

Gómez señaló que para avanzar en estos objetivos es necesario que las inversiones ambientales sean consideradas dentro de las decisiones del negocio y no únicamente como un costo adicional.

La presión para reducir la huella de carbono también comienza a trasladarse a las cadenas de suministro; en algunos proyectos privados, los proveedores deben acreditar el desempeño ambiental de los materiales utilizados.

Esto podría extenderse a las compras gubernamentales, donde los criterios ambientales representarían un mecanismo para diferenciar a los proveedores y acelerar la adopción de tecnologías y procesos menos intensivos en emisiones.

En este contexto, las declaraciones ambientales de producto permiten transparentar indicadores como las emisiones, la generación de residuos y el consumo de agua asociados con la fabricación del cemento.

Esta información puede facilitar que constructoras y gobiernos comparen a los proveedores no sólo por precio y calidad, sino también por su impacto ambiental.

El reto podría aumentar conforme entren en operación impuestos ambientales y mecanismos de precio al carbono, pues las empresas tendrán que definir cómo absorber esos costos y en qué medida trasladarlos al precio final del cemento.

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