Pega pugna interna arranque en el INE

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  • El INE inició el proceso electoral 2026-2027 entre reclamos por omisiones, acusaciones de injerencia gubernamental y demandas de seguridad, aunque defendió su capacidad técnica y pidió corresponsabilidad a los partidos.
STAFF / AR

CIUDAD DE MÉXICO.- Entre reclamos internos por omisiones ante actos anticipados, acusaciones de laxitud frente a la injerencia gubernamental y demandas de seguridad, pero con la defensa de su capacidad técnica y un llamado a la corresponsabilidad partidista, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) arrancó el proceso electoral 2026-2027.

El consejero Arturo Castillo fue el primero en hablar y abrió el fuego: “El proceso electoral 2027 es motivo de gran preocupación, al menos para mí. El contexto en el que comienza constituye, desde mi perspectiva, el escenario perfecto para una elección cuestionada”.

Esto, acusó, debido a que la mayoría de las fuerzas políticas no están dispuestas a acatar la ley; incluso, exhibió -en alusión al morenista Armando Ayala en Baja California- que algunos presumen abiertamente llevar 75 días en campaña.

“El INE parece haber claudicado a su función de vigilar y arbitrar las elecciones. En los últimos meses, el árbitro ha renunciado a vigilar que los partidos políticos se sujeten a los tiempos electorales, a evitar que partidos y gobiernos se inmiscuyan en la organización y observación de las elecciones. Estas decisiones afectarán directamente la equidad en la contienda”, advirtió.

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Sin aludirlo por su nombre, el nuevo consejero Arturo Chávez reviró que una postura individual no representa al Instituto.

“Cuando un consejero en lo particular habla, no habla el INE. El INE sólo habla en sus decisiones institucionales. Y eso debe quedar muy claro. Respetamos las opiniones, pero debemos respetar a las instituciones. Sabemos que la pérdida de algunos privilegios hace que algunos ahora renieguen de esta noble institución y se sumen a una campaña para desprestigiarla. No lo van a lograr”, atajó.

En sus intervenciones, nueve consejeros reconocieron que el proceso arranca bajo el asedio de la violencia del crimen organizado y el impacto de los recortes presupuestales.

“No podemos ignorar el contexto complejo en el que se inscriben estos comicios. La paz pública y el libre ejercicio de los derechos políticos exigen una postura inflexible por parte del Estado mexicano”, sostuvo Carla Humphrey, quien urgió una coordinación estrecha con las instancias de seguridad para blindar la jornada del 6 de junio de 2027.

La exigencia de legalidad a los partidos sumó respaldos. Enojado, Uuc-Kib Espadas les recriminó haber guardado silencio ante anomalías en 2024, como las boletas planchadas, y los emplazó a cubrir las 170 mil casillas.

“La responsabilidad de la autoridad electoral toca un límite cuando los partidos claudican a sus responsabilidades. Los siete partidos políticos claudicaron en impugnar el fraude electoral de las boletas planchadas en 2024. No claudiquen nuevamente, no lo permitan. La autoridad electoral no puede remediar eso ante la falta de acción de los partidos políticos”, lanzó.

Por su parte, Martín Faz advirtió que la autonomía del árbitro electoral no se garantiza por mandato constitucional, por lo que exigió a toda la estructura del organismo actuar con neutralidad y sin subordinación a cualquier partido o poder, sobre todo al tratarse del primer proceso electoral operado por direcciones nombradas por la presidenta Guadalupe Taddei y no por el Consejo General.

“No bastará con afirmar que las áreas técnicas actuarán con autonomía, habrá que demostrarlo en esta mesa, en cada decisión relevante”, señaló tras advertir riesgos por la flexibilización de filtros en la designación de personal y el deterioro en salarios y prestaciones de los trabajadores electorales.

“Hagan su trabajo con rigor, documenten, verifiquen, pregunten, no normalicen anomalías. Cuando una instrucción les genere dudas, recuerden que su primera obligación no es con una persona ni con una jerarquía administrativa, es con la Constitución, con la ley y con los principios que rigen la función electoral”, remató.

En contraste, consejeros como Blanca Cruz llamaron a cerrar filas en torno a la solidez operativa del organismo. “La certeza no se declara, se construye todos los días con trabajo, profesionalismo y responsabilidad”, planteó.

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