- La empresa ha firmado 156 acuerdos reparatorios bajo el MASC en materia penal con las víctimas, lo que, de acuerdo con la abogada penalista Ángela Frías, sí beneficia a las personas afectadas, pero no necesariamente soluciona el problema de fondo.
STAFF / AR
CIUDAD DE MÉXICO.- Silza, filial de Grupo Tomza, a la que pertenecía la pipa de gas LP que explotó el 10 de septiembre de 2025 en Iztapalapa, encontró en el Mecanismo Alternativo de Solución de Controversias (MASC) el camino para sortear responsabilidades ante el siniestro que dejó 32 fallecidos, 63 lesionados y daños materiales.
La empresa ha firmado 156 acuerdos reparatorios bajo el MASC en materia penal con las víctimas, lo que, de acuerdo con la abogada penalista Ángela Frías, sí beneficia a las personas afectadas, pero no necesariamente soluciona el problema de fondo.
Además, se desconoce el contenido de los acuerdos reparatorios firmados por su naturaleza de confidenciales, así como el tipo de mecanismo elegido.
En caso de que hubiera sido a través de Junta Restaurativa podría o no contener el compromiso de no repetición de la conducta originadora de la controversia y el establecimiento de condiciones para darle efectividad.
Sin embargo, aún cuando el compromiso contenga dicho apartado en la ley, podría interpretarse en diversos sentidos y dar salida al responsable para no garantizar que no se vuelva a cometer el acto, señaló Frías.
Y ese vacío legal es el que aprovechan para poder seguir operando sin resolver aquello que provocó un siniestro como el del Puente de La Concordia, explicó.
“Es como una pequeña trampa que están utilizando porque se benefician, pero en realidad el cambio o alguna realidad social que impacte en la mejora no hay”, dijo.
El MASC permite a Silza recurrir a ese mismo recurso de manera frecuente, a diferencia de que se hubiera judicializado la carpeta y usado una suspensión condicional del proceso, que es otro tipo de medida alternativa, explicó Frías.
Cuando se llega a una suspensión condicional del proceso, la víctima no se opone, se paga la reparación del daño a la misma y se atienden condiciones como tener una residencia fija.
También se establece que quien accede a ese recurso no puede volver a emplearlo por los mismos delitos en dos años cuando se cumple con todo lo acordado y cinco cuando se contraviene lo firmado, a diferencia del MASC que fue empleado por Silza, indicó la también fundadora del Instituto Jurídico Atenea.
“Entonces ya ocupan este mismo camino (las empresas) una y otra vez porque no hay una prohibición expresa para que no vuelvan a firmar más convenios o que puedan celebrar mediaciones o conciliaciones. Entonces, ese es el camino que están optando”, explicó.
De esa forma las empresas también acortan los tiempos y gastos debido a que a través de la mediación o una conciliación el proceso suele ser más rápido en comparación con lo que llevaría lograr la suspensión para la que previo debe haber una vinculación a proceso.
“Agarran este camino ellos para no agotar el procedimiento penal y solucionarlo más rápido. El problema es que ¿quién supervisa que en verdad cambien los procedimientos o los mecanismos en este caso para el transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos?”, cuestionó.
Ese dijo, es el tema de fondo, lo que originó el siniestro como las condiciones laborales de sus empleados, la capacitación y descanso de los mismos.
La Fiscalía informó en su momento que no se había acreditado que el conductor de la pipa estuviera capacitado, que no se le practicó un examen médico antes de iniciar su ruta y que no descansó lo suficiente en su trayecto, además de otras posibles omisiones en gestión de riesgos de la empresa propietaria.
Hasta el momento, faltan dos víctimas por firmar, la familia de la niña que fue salvada por su abuela Alicia al resguardarla con su cuerpo y el de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT) por daños a la vía pública.
En el caso de la primera, buscan primero saber las consecuencias que podría tener la niña derivado de las quemaduras sufridas y en la segunda faltan peritajes, de acuerdo con información oficial.
De firmar ambos acuerdos reparatorios el caso se cerraría, no podría judicializarse la carpeta de investigación de acuerdo con lo establecido en la ley.
La explosión en el Puente de La Concordia no es la única ocurrida en los últimos años por empresas gaseras, el 9 de agosto pasado, a un mes de que se cumpliera un año de ese hecho estalló otra pipa ligada también a Grupo Tomza en Cuernavaca, Morelos.
Este último hecho dejó una mujer muerta, de nombre Viviana, que también protegió con su cuerpo a su hija, 21 personas lesionadas y 34 viviendas afectadas.
Desde octubre de 2013, Grupo Tomza está relacionado con 24 explosiones y volcaduras de pipas en el país que han tenido como consecuencia 54 muertos y 122 lesionados.
