- Se alista una reforma para reducción de plazos, límites a los tiempos de investigación y cambios para impedir que expedientes permanezcan detenidos.
STAFF / AR
CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno federal alista una reforma para evitar que actos de corrupción queden sin sanción por prescripción, mediante reducción de plazos, límites a los tiempos de investigación y cambios para impedir que los expedientes permanezcan detenidos.
La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, explicó que la propuesta busca cerrar vacíos legales y ajustar los tiempos de los procedimientos, para impedir que una irregularidad prescriba antes de que pueda ser sancionada.
“Todo este tipo de vacíos se están cubriendo en esta propuesta (de reforma), se están acortando los plazos y se está cuidando que los tiempos coincidan para que no puedan prescribir estos delitos y nadie pueda encarpetar ni guardar ni poner bajo un cajón un expediente”, afirmó.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el paquete será presentado en unos 15 días y advirtió que actualmente existen casos de corrupción cuyos procedimientos se prolongan durante años antes de alcanzar una resolución.
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“Hay casos que tardan 15 años en resolverse. 20 años en resolverse. Se presenta una denuncia por corrupción y todos los mecanismos, 15 años después, 20 años después hay una resolución”, señaló.
Raquel Buenrostro explicó que uno de los problemas que pretenden corregir es la falta de límites temporales en algunas etapas de investigación, debido a que un expediente puede permanecer abierto hasta que prescriba la conducta investigada.
“Hay muchos procesos, por ejemplo, de investigación que no tienen tiempo. Entonces, como el periodo de investigación no tiene tiempo, se queda el expediente en investigación y cuando lo sacan ya prescribió el delito. Entonces ya no podemos hacer nada”, expuso.
La funcionaria adelantó que la reforma establecerá plazos en las distintas etapas y permitirá reclasificar las conductas sin obligar a comenzar nuevamente el procedimiento cuando durante una investigación se determine que corresponde a una falta diferente.
Buenrostro Sánchez comparó el mecanismo actual con el juego de “serpientes y escaleras”, pues explicó que un cambio en la clasificación puede hacer que el expediente regrese al inicio y transcurra más tiempo antes de que exista una resolución.
“Si tú identificas algo y que el delito es otro, reclasifícalo, di no es peculado, cohecho y síguele, no lo pares y no lo regreses, porque si no nunca va a pasar”, indicó.
Otro cambio, dijo, buscará eliminar vacíos de competencia cuando estén involucrados recursos federales administrados por servidores públicos estatales, ante casos en los que autoridades locales y federales se declaran sucesivamente incompetentes.
La secretaria explicó que un expediente puede ser enviado a un tribunal estatal, posteriormente a uno federal y después a autoridades administrativas de ambos órdenes de gobierno sin que ninguna tenga atribuciones para resolverlo.
“También se están aclarando todo ese tipo de situaciones para que no haya vacíos legales y todo el mundo pueda actuar con competencia”, sostuvo.
Buenrostro detalló que la propuesta abarca además recursos públicos transferidos a fideicomisos sujetos al derecho privado y casos en los que servidores públicos administren recursos de origen privado, con el objetivo de definir qué autoridad deberá intervenir ante posibles irregularidades.
Sheinbaum Pardo adelantó que también se plantearán mecanismos para recuperar los recursos cuando exista un daño al erario y confirmó que el paquete se concentrará en responsabilidades administrativas, sin modificaciones relacionadas con la FGR.
“Entre otras cosas, lo que está proponiendo Raquel, es que se reduzcan los plazos. Incluso también que, si hay un daño al erario, que se pague lo que es el daño al erario para recuperar esos recursos”, dijo.
La presidenta informó que Raquel Buenrostro trabaja en las modificaciones junto con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Auditoría Superior de la Federación.
La reforma anticorrupción busca fijar plazos para evitar la prescripción, acortar tiempos de investigación y resolución, reclasificar faltas sin reiniciar expedientes, resolver conflictos de competencia entre autoridades, cerrar vacíos en fideicomisos y recursos públicos y recuperar recursos por daños al erario.
