Rodolfo ‘El Negro’ Montes
La reciente captura y encarcelamiento de Miguel Ángel, alias el “Comandante Sol”, uno de los mandos navales más pesados y estrechamente ligado a las redes de corrupción y contrabando de combustible —el lucrativo negocio del huachicol fiscal—, marca un antes y un después en la narrativa de que las Fuerzas Armadas operaban en una esfera intocable.
La caída del “Comandante Sol” no es un evento aislado ni una simple captura táctica de gabinete. Es la ficha de dominó que dinamita los diques de contención que por años protegieron a las altas esferas de la Secretaría de Marina.
Con esta aprehensión, la estructura operativa del trasiego ilegal queda expuesta de cuerpo entero, dejando al descubierto los vínculos que operaban desde las entrañas del poder naval en favor de redes familiares y pretorianas, como las que apuntan directamente hacia los círculos cercanos del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán.
Si el mando medio operativo ya está tras las rejas y las piezas clave del ajedrez del huachicol —como los familiares del propio exmandatario naval— han sido cercadas o investigadas por su participación en el esquema de protección, la pregunta que incomoda al poder ya no es si habrá justicia, sino hasta dónde llegará la picota.
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Hoy, el reclutamiento de responsabilidades coloca un reflector implacable sobre el despacho del hombre que mandó en la Armada durante el sexenio pasado.
La justicia mexicana, si pretende credibilidad y limpieza absoluta, tiene una asignatura pendiente que no admite tácticas dilatorias: falta, al menos, que rinda declaración el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda.
No se trata de linchamientos mediáticos ni de revanchismos políticos; se trata de una exigencia elemental de congruencia institucional.
Resulta inverosímil —por no decir técnicamente imposible— que una red de corrupción de tal magnitud, con mandos de alta jerarquía involucrados y con lazos consanguíneos operando bajo el amparo del poder, se tejiera en las Barandillas de la Armada sin el conocimiento, la omisión o el consentimiento de la cúspide.
Si la ley es verdaderamente para todos, el paso siguiente no es una cortesía política, sino una obligación procesal: llamar a declarar al exsecretario.
El país observa con lupa. El piso se ha movido y las coartadas se desmoronan. En este tramo de la historia nacional, la justicia o llega completa y sin privilegios de casta, o se convierte en una simple simulación de escaparate.
