- La controversia constitucional por más de 54 mil kilómetros cuadrados en la zona limítrofe permanece como uno de los principales rezagos institucionales de la entidad.
EUGENIO PACHECO
CHETUMAL, Q- ROO.- La controversia constitucional por más de 54 mil kilómetros cuadrados en la zona limítrofe permanece como uno de los principales rezagos institucionales de la entidad.
Esto, en el marco del 52 aniversario de la conversión de Quintana Roo de territorio federal a Estado Libre y Soberano.
A tres décadas de haberse iniciado el litigio por la creación del municipio de Calakmul, de parte del Gobierno de Campeche, la falta de una resolución jurídica definitiva mantiene en la incertidumbre a decenas de comunidades de la franja fronteriza.
El médico José Alberto España Novelo, presidente vitalicio del Comité Cívico Pro Defensa de los Límites del Estado de Quintana Roo, señaló que la inactividad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) responde a la falta de prioridad y al desinterés de las sucesivas administraciones estatales.
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De acuerdo con el activista, el periodo del ex gobernador Mario Villanueva Madrid (1993-1999) representó la única etapa en la que el Poder Ejecutivo, el Congreso del Estado y el Tribunal Superior de Justicia actuaron de manera coordinada para respaldar la defensa jurídica del territorio quintanarroense.
El conflicto surge en diciembre de 1996, cuando el Gobierno de Campeche creó el municipio de Calakmul dentro de demarcaciones geográficas registradas históricamente bajo la jurisdicción del municipio de Othón P. Blanco.
Este acto contravino los acuerdos previos alcanzados en 1974 con Yucatán y Campeche sobre la fijación de límites Constitucionales y el punto geográfico conocido como Punto PUT.
Pese a que Quintana Roo ha presentado pruebas cartográficas e históricas ante las instancias federales, el expediente judicial permanece sin sentencia en la SCJN por falta de impulso político por parte de las autoridades correspondientes.
Ante el estancamiento del proceso legal, integrantes del Comité Cívico Pro Defensa informaron que sostuvieron reuniones de trabajo con Eugenio “Gino” Segura, coordinador de los comités de defensa de la transformación y la soberanía en la entidad.
Durante los encuentros, el representante asumió el compromiso de retomar con firmeza la controversia territorial ante los tribunales federales e integrar la recuperación del margen geográfico a la agenda prioritaria estatal una vez que asuma nuevas responsabilidades públicas.
La prolongación indefinida del conflicto ha generado afectaciones directas en materia social, económica y geopolítica para el estado y sus habitantes, explicó España Novelo.
Las poblaciones ubicadas en la franja disputada padecen carencias severas en infraestructura, salud y educación básica, debido a que ni Quintana Roo ni Campeche asumen plenamente la prestación de servicios públicos regulares.
Los recursos presupuestales calculados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en función de la extensión territorial y número de habitantes son asignados a Campeche, en perjuicio del erario quintanarroense.
Una eventual resolución desfavorable restaría a Quintana Roo cerca de 20 por ciento de su territorio total, comprometiendo zonas con potencial forestal y turístico en Othón P. Blanco, José María Morelos y la franja norte, además de eliminar la colindancia directa del estado con Guatemala.
