- El Congreso de Veracruz aprobó sancionar con dos a cinco años de prisión la rapiña de mercancías tras accidentes carreteros.
JORGE GONZÁLEZ
XALAPA, VER.- La rapiña de mercancías tras accidentes carreteros será sancionada con mayor severidad en Veracruz, luego de que el Congreso del Estado aprobó una reforma que contempla penas de dos a cinco años de prisión.
Además habrá multas económicas para quienes participen en el saqueo de productos provenientes de vehículos siniestrados.
La modificación busca atender una práctica que se ha presentado de manera recurrente en distintos puntos de las carreteras veracruzanas, particularmente después de volcaduras o choques de unidades de transporte de carga, cuando grupos de personas acuden al lugar para sustraer la mercancía antes de que pueda ser recuperada por sus propietarios o por las autoridades.
Con la reforma, quienes sean encontrados responsables de apoderarse de mercancías derivadas de un accidente podrían enfrentar consecuencias penales, con lo que se pretende dejar atrás la percepción de que estos hechos constituyen únicamente una conducta oportunista sin mayores consecuencias jurídicas.
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El Congreso estableció que las sanciones podrán alcanzar de dos a cinco años de prisión, además de multas de hasta 500 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), dependiendo de las circunstancias del caso.
La medida cobra relevancia para Veracruz debido a la importancia de su red carretera para el traslado de mercancías entre el centro y el sureste del país.
Autopistas y carreteras que comunican municipios industriales, zonas portuarias y regiones productoras registran un constante movimiento de vehículos de carga, por lo que los accidentes pueden generar concentraciones de personas alrededor de las unidades siniestradas.
La rapiña, además del perjuicio económico para transportistas y empresas, puede representar un riesgo adicional para quienes participan en ella, debido a que las personas se acercan a vehículos accidentados sin conocer las condiciones de seguridad de la zona, mientras permanecen expuestas al tránsito vehicular, derrames de combustible u otras sustancias y posibles movimientos de las unidades involucradas.
La reforma también busca establecer una diferencia clara entre quienes acuden a prestar ayuda después de un accidente y quienes aprovechan el siniestro para apoderarse de bienes ajenos.
El objetivo es que la asistencia a las personas lesionadas o la intervención de cuerpos de emergencia no se vea obstaculizada por personas que intentan retirar mercancías.
El endurecimiento de las sanciones ocurre después de diversos casos registrados en carreteras del estado, donde imágenes de personas retirando productos de camiones volcados han circulado ampliamente en redes sociales.
Estos episodios han generado cuestionamientos sobre la normalización de una conducta que afecta directamente a los propietarios de las mercancías y a las empresas transportistas.
Con la nueva disposición, las autoridades contarán con una herramienta jurídica más específica para actuar contra quienes participen en estos actos, aunque su aplicación dependerá de la acreditación de la conducta y de las circunstancias particulares de cada caso.
El reto, además de aplicar las nuevas sanciones, será reforzar la presencia de las corporaciones de seguridad en los puntos donde ocurran accidentes y garantizar que las mercancías sean resguardadas hasta que puedan ser entregadas a sus propietarios.
