- Richard Molina-Ovalle, un residente de Massachusetts de 36 años, compareció hoy ante un tribunal federal en Boston, acusado de conspirar para distribuir fentanilo.
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MASSACHUSETTS, ESTADOS UNIDOS.- Richard Molina-Ovalle, un residente de Massachusetts de 36 años, compareció hoy ante un tribunal federal en Boston, acusado de conspirar para distribuir fentanilo, en un caso en el que las autoridades estadounidenses decomisaron 4.5 kilogramos de esa droga, un kilogramo de cocaína y cinco armas de fuego en una vivienda de Worcester.
La comparecencia fue programada para hoy, según informó la Fiscalía federal del Distrito de Massachusetts.
Molina-Ovalle había sido arrestado en septiembre y posteriormente quedó en libertad bajo condiciones, mientras continúa el proceso judicial.
De acuerdo con los documentos de la acusación, el hombre presuntamente recibió suministros de drogas de Jose Molina-Ovalle, de 27 años, ciudadano dominicano que, según las autoridades, residía sin autorización legal en Worcester.
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Este último fue detenido en Bahamas el 24 de septiembre y enfrenta cargos relacionados con tráfico de drogas, posesión de armas por parte de un extranjero sin autorización legal y reingreso ilegal a Estados Unidos.
La investigación señala que el 10 de septiembre los agentes encontraron más de 400 gramos de fentanilo en el vehículo de Richard Molina-Ovalle.
Durante un registro posterior de su departamento en Worcester, también decomisaron unos 31 gramos de la sustancia y materiales para empaquetar drogas.
En una vivienda vinculada con Jose Molina-Ovalle, los investigadores incautaron aproximadamente 4.5 kilogramos de fentanilo, un kilogramo de cocaína, dinero en efectivo, básculas, licuadoras y materiales utilizados para preparar y empaquetar narcóticos.
También hallaron cinco armas de fuego: tres pistolas, una escopeta calibre 12 y un rifle AR-15.
El cargo de conspiración para distribuir 400 gramos o más de fentanilo contempla una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua, además de multas que podrían alcanzar los 10 millones de dólares.
Las penas, en caso de condena, serán determinadas por un juez federal conforme a la legislación aplicable.
La Fiscalía subrayó que las acusaciones no constituyen una prueba de culpabilidad y que los imputados se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario ante un tribunal.
