- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que siguen pendientes de ejecutar 17 órdenes de aprehensión por la red de contrabando de combustible detectada en el puerto de Altamira, Tamaulipas, de las cuales tres corresponden a solicitudes formales de extradición ya tramitadas ante Estados Unidos.
STAFF / AR
CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que siguen pendientes de ejecutar 17 órdenes de aprehensión por la red de contrabando de combustible detectada en el puerto de Altamira, Tamaulipas, de las cuales tres corresponden a solicitudes formales de extradición ya tramitadas ante Estados Unidos.
La mandataria detalló que, hasta el momento, suman 15 personas detenidas por este caso: 11 elementos de la Secretaría de Marina y cuatro civiles.
“Respecto al buque de Altamira, hasta el momento, hay en total 15 detenidos y 11 marinos vinculados y cuatro civiles. Hay 17 órdenes de aprehensión pendientes de este mismo caso”, señaló.
En septiembre de 2025, se reveló que una red presuntamente encabezada por los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos del ex Secretario de Marina Rafael Ojeda Durán, facilitó el desembarque de 31 buques con combustible de contrabando en las aduanas de Altamira y Tampico.
![](https://lucesdelsiglo.com/wp-content/uploads/2026/09/BANNERS_LLUVIAS1_500X500.jpg")
De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía General de la República (FGR), los hermanos Farías pagaban a través de intermediarios hasta un millón 750 mil pesos por cada buque al que se le permitía descargar en recintos fiscales.
El caso derivó del aseguramiento de 10 millones de litros de diesel en marzo de 2025, tras el arribo de un barco cuyo cargamento había sido declarado como un producto distinto al hidrocarburo transportado.
Posteriormente, en septiembre de ese año, el Gabinete de Seguridad reportó la captura de 14 implicados, entre empresarios, marinos en activo y en retiro, así como ex funcionarios aduanales.
Respecto a las extradiciones, Sheinbaum reconoció que las diferencias legales entre ambos países han dificultado la integración de los expedientes, ya que ciertas conductas asociadas al contrabando de combustible no se tipifican de igual forma en la legislación estadounidense.
