México: la democracia bajo el poder de los multimillonarios

José Réyez

Veintidós grandes fortunas concentran una riqueza histórica mientras millones de mexicanos sobreviven entre la pobreza, los bajos ingresos y la precariedad.

Un informe de Oxfam México documenta cómo la concentración de la riqueza se ha convertido también en concentración del poder político. Las privatizaciones, las concesiones del Estado, la debilidad de la inversión pública y la desigual distribución de los beneficios económicos han favorecido la formación de una élite empresarial capaz de influir en el rumbo nacional.

El estudio plantea una pregunta que trasciende la economía: ¿México avanza hacia una democracia social o consolida una oligarquía económica? Mientras millones de trabajadores dependen de sus salarios para sobrevivir, una pequeña élite empresarial ha acumulado fortunas que crecen a una velocidad muy superior a la economía nacional.

La riqueza se concentra, el poder económico se reproduce entre familias y la democracia enfrenta una amenaza que no necesariamente proviene de los cuarteles ni de los partidos políticos, sino de quienes controlan sectores estratégicos de la producción, las finanzas y los servicios.

El informe ¿Oligarquía o democracia?, publicado por Oxfam México, ofrece una radiografía de esta realidad y cuestiona la estructura de poder construida durante las últimas cuatro décadas.

La investigación sostiene que esta desigualdad no es consecuencia inevitable del funcionamiento de los mercados. Es el resultado de decisiones políticas, reformas económicas, mecanismos de apropiación de recursos públicos y relaciones históricas entre el Estado y los grandes capitales.

Su conclusión es contundente: la concentración extrema de la riqueza puede vaciar de contenido a la democracia, porque quienes poseen los recursos económicos adquieren también una capacidad desproporcionada para influir en las decisiones colectivas. Pero el documento abre otra discusión: ¿hasta dónde puede transformarse esta estructura mediante reformas fiscales, mejores salarios y políticas redistributivas, sin modificar profundamente las relaciones de propiedad y el poder de las grandes corporaciones?

Durante las últimas tres décadas, los grandes capitales mexicanos han experimentado un crecimiento extraordinario. Según Oxfam, entre 1996 y 2025 la fortuna conjunta de los milmillonarios pasó de 52 mil 300 millones a 219 mil 300 millones de dólares, calculados a precios constantes de 2025. Es decir, se multiplicó 4.2 veces. En contraste, durante ese mismo periodo, el tamaño real de la economía mexicana creció aproximadamente 76 por ciento.

El fenómeno ilustra una contradicción del capitalismo mexicano: la acumulación privada de riqueza puede avanzar mucho más rápido que la capacidad productiva de la economía en su conjunto.

El informe retoma el planteamiento del economista francés Thomas Piketty: cuando los rendimientos del capital superan persistentemente el crecimiento económico, la riqueza heredada tiende a concentrarse.

En México, esa tendencia adquiere características particulares porque una parte importante de las grandes fortunas tiene su origen en procesos de privatización, concesiones estatales y sectores económicos sujetos a regulaciones insuficientes. No se trata solamente de empresarios que compiten en el mercado. Se trata de grupos económicos cuya expansión ha estado vinculada, en diferentes momentos históricos, a decisiones gubernamentales sobre bienes y actividades estratégicas.

La desigualdad, por tanto, no puede explicarse únicamente a partir de diferencias individuales de productividad, educación o esfuerzo. También exige examinar quién controla los medios de producción, cómo se distribuye el excedente económico y quién tiene capacidad para establecer las reglas del mercado.

El caso de Carlos Slim Helú resulta particularmente ilustrativo. Según el informe, su fortuna alcanzó 107 mil 100 millones de dólares en noviembre de 2025. Desde 2020, el incremento promedio de su riqueza fue equivalente a 273 dólares por segundo.

Para dimensionar esta cifra, Oxfam calcula que una persona que percibía el salario mínimo mexicano en 2025 necesitaba trabajar 19 días para obtener una cantidad equivalente al crecimiento de la fortuna del empresario durante un sólo segundo.

El contraste no significa que Slim reciba esa cantidad en efectivo cada segundo. Se trata de una estimación del incremento promedio del valor de su patrimonio, sujeto a las fluctuaciones de los mercados.

Pero la comparación permite comprender la magnitud de la concentración económica.

La expansión de su grupo empresarial, históricamente vinculada a las telecomunicaciones, se ha extendido hacia infraestructura, construcción y actividades energéticas. Oxfam destaca especialmente su participación en proyectos relacionados con Petróleos Mexicanos (Pemex). Este último aspecto plantea una contradicción política importante.

Mientras el discurso gubernamental reivindica la soberanía energética y el fortalecimiento de las empresas públicas, determinados proyectos estatales también representan oportunidades de acumulación para grandes conglomerados privados.

La existencia de contratos entre el Estado y empresas privadas no demuestra, por sí misma, irregularidades o corrupción. Sin embargo, sí obliga a examinar sus condiciones económicas, su transparencia, la distribución de riesgos y la apropiación de beneficios. La pregunta fundamental es si la inversión pública fortalece prioritariamente las capacidades productivas nacionales o termina reproduciendo la dependencia del Estado respecto de grandes contratistas.

Para comprender el poder económico contemporáneo es necesario regresar a la década de 1980. La crisis de la deuda externa de 1982 marcó un cambio decisivo en el modelo de desarrollo mexicano. El Estado comenzó a abandonar progresivamente su participación directa en diversas actividades productivas, mientras avanzaban la apertura comercial, la desregulación y la privatización de empresas públicas.

Durante los gobiernos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari se consolidó una transformación estructural. La venta de empresas estatales, la apertura de nuevos mercados y el otorgamiento de concesiones permitieron que determinados grupos privados adquirieran posiciones dominantes en sectores estratégicos.

Oxfam identifica estos procesos como una de las raíces históricas de la concentración actual de riqueza. Pero desde una interpretación de economía política, el fenómeno puede describirse como una transferencia de activos y oportunidades de acumulación desde el sector público hacia propietarios privados.

No todas las privatizaciones tuvieron resultados idénticos ni todas las fortunas proceden exclusivamente de ellas. Sin embargo, su impacto sobre la estructura de propiedad constituye un elemento indispensable para explicar el capitalismo mexicano contemporáneo.

La cuestión es especialmente relevante porque el control de infraestructura estratégica –telecomunicaciones, carreteras, ferrocarriles, puertos, servicios financieros y concesiones de agua– proporciona a sus propietarios una capacidad de negociación frente al Estado que trasciende la competencia económica ordinaria.

En esas condiciones, los grandes empresarios no necesitan ocupar formalmente cargos públicos para influir en el funcionamiento del gobierno. Su poder deriva de la propiedad.

¿Ruptura o continuidad del modelo?

El informe de Oxfam permite introducir una discusión que va más allá de sus propuestas específicas: la naturaleza de las transformaciones económicas impulsadas desde 2018.

Los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum han reivindicado una mayor intervención estatal, el aumento de los salarios mínimos, los programas sociales y la recuperación de capacidades públicas en sectores estratégicos.

Oxfam señala que entre 2018 y 2024 salieron de la pobreza multidimensional 13.4 millones de personas. También destaca la recuperación del salario mínimo y el aumento de la participación de los ingresos laborales en el producto interno bruto (PIB), de 38 a 45 por ciento, ajustando por informalidad.

Son transformaciones que deben reconocerse en cualquier evaluación seria.

Sin embargo, el mismo documento evidencia que las grandes fortunas continuaron expandiéndose aceleradamente durante esos años. Esto conduce a una distinción esencial: reducir la pobreza no equivale necesariamente a reducir la concentración del poder económico.

Una administración puede mejorar los ingresos de millones de trabajadores, fortalecer las transferencias sociales y mantener, simultáneamente, una estructura de propiedad altamente concentrada.

Desde una perspectiva crítica, el proyecto de la Cuarta Transformación puede interpretarse como un intento de corregir algunos efectos sociales del capitalismo mexicano sin emprender una transformación integral de sus relaciones de propiedad.

Esta interpretación no constituye una conclusión textual de Oxfam, sino una lectura política de sus hallazgos.

El problema de fondo consiste en determinar si la intervención estatal tiene capacidad para subordinar los intereses particulares del gran capital a una estrategia nacional de desarrollo, o si termina funcionando como mecanismo de conciliación entre las élites económicas y las demandas populares.

La permanencia y expansión de los grandes conglomerados sugiere que el poder económico concentrado no ha sido desmantelado.

Pero tampoco sería riguroso concluir que no ha existido cambio alguno: la recuperación salarial y la reducción de la pobreza representan modificaciones reales en la distribución del ingreso.

La contradicción entre ambos procesos define una parte importante del debate nacional.

Uno de los hallazgos más relevantes del informe se refiere al deterioro histórico de la inversión pública. Oxfam señala que la inversión pública representaba alrededor del 12 por ciento del PIB en 1981, frente a aproximadamente 4 por ciento en 2024. La reducción limita la capacidad estatal para construir infraestructura productiva, mejorar servicios y orientar el desarrollo económico.

Mientras tanto, la riqueza privada nacional alcanzó 90.4 billones de pesos en 2024, según las estimaciones citadas por la organización. Esta situación revela una diferencia fundamental entre acumular patrimonio y desarrollar capacidades productivas.

El aumento de la riqueza privada no garantiza automáticamente que los recursos se conviertan en nuevas fábricas, tecnología, empleos bien remunerados o infraestructura social.

Oxfam sostiene que la inversión privada anual equivale a menos de ocho pesos por cada cien pesos de riqueza privada acumulada. Esa relación debe interpretarse con cautela: compara un flujo anual de inversión con un patrimonio acumulado, por lo que no constituye por sí sola una medida de productividad o eficiencia del capital.

Sin embargo, permite abrir una discusión legítima sobre el destino social de los recursos económicos.

¿Quién decide dónde se invierte, qué sectores se desarrollan y cuáles permanecen abandonados?

La respuesta tiene consecuencias territoriales.

Mientras ciertas regiones concentran infraestructura industrial y financiera, otras continúan enfrentando carencias de transporte, agua, electricidad y servicios públicos.

La desigualdad mexicana no solamente divide a las clases sociales. También fragmenta el territorio nacional.

La investigación incorpora un elemento frecuentemente relegado en los debates económicos: el tiempo. La riqueza no solamente determina cuánto dinero posee una persona. También condiciona su capacidad para descansar, estudiar, cuidar a sus familiares y participar en la vida pública.

Oxfam documenta que 21 millones de mujeres dedican al menos una jornada completa al trabajo de cuidados no remunerado. En los hogares de menores ingresos, las responsabilidades domésticas y de cuidados se combinan con empleos precarios, largos desplazamientos y dificultades para acceder a servicios.

El informe calcula que una mujer del 10 por ciento más pobre dedica 2.7 veces más tiempo al trabajo no remunerado que un hombre del 1 por ciento más rico. Esta diferencia expresa una doble desigualdad: de género y de clase.

El trabajo doméstico y de cuidados permite la reproducción cotidiana de la fuerza laboral, pero una parte sustancial de ese esfuerzo permanece fuera de las remuneraciones monetarias.

Desde una perspectiva marxista, este fenómeno resulta particularmente importante porque muestra que la reproducción del sistema productivo depende también de actividades que no aparecen directamente como trabajo asalariado.

La acumulación de capital se sostiene no solamente en el trabajo contratado por las empresas, sino también en las condiciones sociales que permiten que los trabajadores regresen cada día a producir.

Cuando esas responsabilidades recaen desproporcionadamente sobre las mujeres, el costo de reproducción de la fuerza laboral se traslada parcialmente a los hogares. Por ello, la construcción de sistemas públicos de cuidados no es una política secundaria: forma parte de cualquier proyecto serio de transformación económica.

Uno de los ejemplos más concretos de desigualdad en la distribución de los recursos públicos aparece en el sistema eléctrico. Oxfam señala que, para 2026, el presupuesto destinado a subsidiar las tarifas eléctricas ascendía a casi 88 mil millones de pesos, mientras que la inversión en infraestructura eléctrica superaba apenas los 61 mil millones.

Además, sus cálculos muestran que el subsidio no se distribuye proporcionalmente a las necesidades económicas. Los hogares del 10 por ciento más rico reciben 18 por ciento del subsidio, mientras que el 10 por ciento más pobre obtiene apenas 4 por ciento.

Al mismo tiempo, los hogares de menores ingresos destinan una proporción mayor de sus recursos al pago de electricidad.

La contradicción es evidente: una política pública concebida para facilitar el acceso a un servicio indispensable termina favoreciendo, en términos absolutos, a quienes tienen mayor capacidad de consumo.

El informe propone modificar el esquema para favorecer prioritariamente a los hogares más vulnerables. Este caso demuestra que la intervención del Estado no es automáticamente redistributiva. Su efecto depende de cómo se diseñan los subsidios, quiénes reciben los recursos y qué intereses determinan las prioridades presupuestarias.

La concentración económica también tiene una dimensión ambiental. Según Oxfam, el 1 por ciento más rico de México es responsable de aproximadamente 23 por ciento de las emisiones contaminantes consideradas en su estimación. La organización sostiene que ese mismo grupo genera una cantidad de emisiones comparable a la del 74 por ciento más pobre de la población.

La desigualdad ambiental tiene dos dimensiones: quién contribuye a la contaminación y quién enfrenta sus consecuencias. Los sectores de menores ingresos suelen disponer de menos recursos para protegerse de sequías, inundaciones, temperaturas extremas y deterioro de servicios públicos.

En el caso del agua, el informe propone fortalecer los mecanismos democráticos de gestión, ampliar la participación comunitaria y establecer una regulación específica para las aguas subterráneas. El problema trasciende la disponibilidad física del recurso. También involucra su distribución entre hogares, comunidades, agricultura, industria y grandes usuarios.

Desde una perspectiva estructural, el agua representa un punto de conflicto entre su condición de derecho humano y su utilización como insumo productivo. La capacidad del Estado para resolver esa contradicción dependerá tanto de las normas jurídicas como de la fuerza institucional necesaria para hacerlas cumplir.