La democracia no pide fe

Para quienes siguen esta columna, volvemos a Brasil. La semana pasada dejamos a Lula da Silva y Flávio Bolsonaro frente a frente, disputándose la Presidencia. Hoy hay ganador: Lula obtuvo 51.79% de los votos, contra 48.21% de su adversario. Una ventaja de 4.43 millones de sufragios que, lejos de cerrar la discusión, abrió otra.

Bolsonaro cuestionó el resultado y anunció que buscaría anular la elección. Su argumento fue una polémica decisión judicial que extendió la votación hasta las siete de la noche en casillas aún abiertas, tras problemas de transporte. Ambas campañas habían pedido ampliar el horario, aunque con alcances distintos.

Una cifra reveladora: después de las cinco se registraron 34,330 votos, la mayoría durante los primeros cinco minutos posteriores al cierre habitual. Lula ganó por más de cuatro millones. Una decisión electoral debe poder revisarse en tribunales; lo que no debe hacerse es confundir una controversia jurídica con pruebas de que millones de votos fueron alterados.

Este lunes, Bolsonaro dejó atrás el anuncio de anulación y dijo que pediría sancionar a la fórmula vencedora por presunto abuso de poder. Tiene derecho a acudir a la justicia. Pero el derecho a impugnar también implica la obligación de probar.

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Ahora miremos hacia casa. Mientras Brasil discutía cómo aceptar un resultado, México recibió la renuncia de Guadalupe Taddei a la Presidencia del Instituto Nacional Electoral. La salida ocurre en medio de señalamientos e investigaciones sobre contratos con proveedores y posibles conflictos de interés. Las acusaciones no equivalen a una sentencia, pero tampoco desaparecen porque alguien deje el cargo.

Aquí está el contraste: en Brasil se cuestiona el resultado que certificó el árbitro; en México se cuestiona la administración de quien encabezaba al árbitro. No son casos iguales; equipararlos sería un error. Lo que sí comparten es una pregunta: ¿qué pasa cuando la confianza pública se rompe?

Taddei dijo que su salida busca proteger al INE. Bien. Pero proteger una institución no consiste en protegerla de las preguntas. ¿Quién autorizó los contratos cuestionados? ¿Qué controles existían? ¿Qué concluirá la auditoría? ¿Cómo se evitarán nuevas irregularidades? La respuesta no puede ser el silencio, ni una condena anticipada.

Tampoco basta con nombrar a otra persona. La Cámara de Diputados tendrá que designar a quien concluya el periodo de la Presidencia. Ese relevo será una prueba: si prevalecen las cuotas partidistas sobre capacidad e independencia, el problema cambiará de nombre, no de fondo.

Y el calendario aprieta. El 6 de junio de 2027 México renovará la Cámara de Diputados y, en Quintana Roo, elegiremos gubernatura, Congreso local y once Ayuntamientos. No es una discusión lejana: las decisiones del árbitro repercutirán en la legitimidad de quienes gobiernen nuestras ciudades.

Hay una tentación compartida por gobiernos y oposiciones: exigir confianza cuando les conviene y sembrar sospechas cuando pierden. Ninguna democracia resiste mucho tiempo esa costumbre.

Brasil necesita que las impugnaciones se resuelvan con pruebas, no con consignas. México necesita que las investigaciones se aclaren y que el INE conserve su autonomía, no que la lealtad política determine a su siguiente presidencia.

Porque el voto no se defiende pidiendo que creamos en los políticos, ni exigiendo fe en las instituciones. Se defiende cuando ambos aceptan que la ciudadanía tiene derecho a comprobar lo que dicen.

Leona no pidió permiso para informar. Nosotras tampoco.

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