Zósimo Camacho
Rosa Chávez Aguilar conoce el aparato regulatorio del agro mexicano desde dentro. En el momento decisivo tomó partido. El 12 de diciembre de 2023, siendo abogada general de la Sader, firmó la respuesta institucional a la minuta de la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible. El documento decía, textualmente, “en contra”.
La ley que buscaba garantizar el derecho a la alimentación sana, priorizar la salud y el medio ambiente, y fomentar la producción de alimentos inocuos, fue rechazada por la dependencia que Chávez Aguilar representaba jurídicamente. Cinco meses después, esa ley fue publicada, pero la funcionaria ya había jugado el papel que querían las grandes trasnacionales de los “insumos agropecuarios”.
Entre 2008 y 2018, Rosa Chávez Aguilar fue funcionaria de la entonces Sagarpa, secretaria técnica en la Cámara de Diputados y asesora en el Senado, siempre en temas agropecuarios. En 2019 asumió la titularidad del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader). En 2022, el secretario Víctor Manuel Villalobos Arámbula la nombró directora Jurídica de la dependencia, y Julio Antonio Berdegué Sacristán la ratificó en el cargo. Se mantuvo en el puesto hasta agosto de 2025.
Desde esa trinchera, la Sader sostuvo litigios contra las empresas productoras de agroquímicos y promotoras de maíz transgénico. La dependencia debió defender los decretos de 2020 y 2023 sobre glifosato y organismos genéticamente modificados. También debió pelear, en los tribunales mexicanos y ante el panel del T-MEC, la prohibición de sembrar maíz transgénico y la protección de las 59 razas de maíces nativos.
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El 23 de octubre pasado, Chávez Aguilar fue nombrada directora ejecutiva de Protección de Cultivos, Ciencia y Tecnología, Asociación Civil (Proccyt, AC). Se quitó la máscara. Proccyt, para decirlo sin rodeos, es la cámara que agrupa a más de 70 empresas productoras de plaguicidas químicos e insumos agrícolas. Sus miembros dominantes son las trasnacionales Bayer, BASF, Syngenta, Corteva, Albaugh y Summit Agro.
Como se recordará, Bayer compró Monsanto, la fabricante histórica del carcinógeno glifosato. Syngenta produjo y comercializó el paraquat, herbicida vinculado al Parkinson, prohibido en la Unión Europea y más de 70 países. Estas trasnacionales se ostentan como “miembros categoría 1” dentro de Proccyt, según su propia página de internet. La asociación opera como cabildera del oligopolio agroquímico en México. No se trata de empresas cualesquiera sino de aquellas, exactamente, productoras de herbicidas con las que la Sader litigó mientras Chávez Aguilar era su directora Jurídica.
De ahí las omisiones, la falta de energía y las contradicciones al interior de la propia Sader, denunciadas desde entonces por organizaciones campesinas, de científicos y activistas a favor del medio ambiente y contra los transgénicos.
Vemos cómo se hunde otra bandera enarbolada desde el sexenio pasado para, se dijo, separar el poder político del poder económico y proteger el interés público de los intereses privados. Se condenó entonces que en el pasado neoliberal los tecnócratas transitaran de servir en una secretaría a trabajar en una trasnacional, llevándose información privilegiada.
El artículo 24 de la Ley Federal de Austeridad Republicana, aprobada el sexenio pasado, prohibía a los servidores públicos de mando superior laborar en empresas que hubieran supervisado o regulado. Pero fue invalidado por unanimidad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en abril de 2022, en la Acción de Inconstitucionalidad 139/2019. Los ministros consideraron que la restricción era desproporcionada e injustificada y vulneraba la libertad de trabajo del Artículo Quinto Constitucional.
En efecto, era la Corte de Norma Piña; pero ya estaban ahí ministros como el hoy coordinador general de Política y Gobierno del Gobierno de la República, Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea, y las actuales ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf.
Quienes promovieron esa acción fueron senadores de la derecha con abigarradas relaciones empresariales: Miguel Ángel Osorio Chong, Dante Delgado, Miguel Ángel Mancera, Emilio Álvarez Icaza. El asunto es que el Pleno de la Corte les dio la razón. Desde entonces, un exfuncionario mexicano puede transitar del sector público al privado sin el obstáculo de una prohibición absoluta. Lo anterior, sin embargo, no significa que ese tránsito sea éticamente neutro.
La pregunta que Chávez Aguilar debería responder no es si la ley se lo permite, sino si su nuevo cargo es compatible con la función que desempeñó. Como directora Jurídica de la Sader, su obligación era defender las medidas que el Estado mexicano adoptó para restringir el glifosato y el maíz transgénico. Esas medidas fueron impugnadas por las empresas que hoy la emplean.
Proccyt representa precisamente a quienes promovieron amparos, ejercieron presión jurídica y económica, y celebraron el fallo del panel del T-MEC de diciembre de 2024 que obligó a México a levantar las restricciones a la importación de maíz transgénico para consumo humano y a dejar sin efectos los artículos del decreto de 2023 que prohibían su uso. La misma asociación que hoy la nombra directora ejecutiva es la que contribuyó a que el decreto contra agrotóxicos se quedara muy corto. Chávez Aguilar pasa de vigilar el cumplimiento de la ley a representar a los regulados. O, peor aún, pasa de litigar contra ellos a defender sus intereses.
El sexenio anterior hizo de la separación entre los intereses empresariales y las políticas públicas un eje discursivo central. La austeridad republicana, la eliminación de privilegios y la idea de que el gobierno no debía estar al servicio de los grandes capitales fueron parte del relato de la alternancia. La veda de 10 años era la expresión legislativa de ese principio: evitar que quienes tomaron decisiones públicas se beneficiaran después de las empresas que regulaban. La Corte la tumbó, y con ello el principio quedó huérfano de sanción legal.
Pero la ética pública no se agota en la ley. Si un gobierno se define por separar los intereses privados de la función pública, sus funcionarios deberían actuar en consecuencia, incluso cuando la ley ya no los obligue.
Hay un agravante que no puede soslayarse. Durante los litigios contra las trasnacionales de agroquímicos, organizaciones campesinas acusaron a la Sader de falta de energía para defender los intereses de México. Mientras la dependencia libraba batallas jurídicas contra Bayer, Syngenta y compañía, su titular, Villalobos Arámbula, era señalado como uno de los defensores del glifosato y las semillas transgénicas dentro del propio gobierno, y como responsable de posponer la prohibición del agrotóxico.
Proccyt celebró su fichaje el pasado 23 con un comunicado que habla de “colaboración” con el gobierno y los productores, de un campo “más productivo, resiliente y sostenible”. Una asociación que agrupa a las seis trasnacionales que controlan el 75 por ciento del mercado global de agrotóxicos no necesita presentarse: su historial de cabildeo, amparos y presión comercial habla por ella. Lo que necesita es una cara presentable, alguien que conozca por dentro el aparato regulatorio que durante años obstaculizó. Chávez Aguilar conoce ese aparato mejor que nadie. Fue su abogada.
La estructura de la Sader albergaba en su cúpula a perfiles que no compartían la agenda de transición agroecológica que el discurso presidencial proclamaba. Lo peor es que Rosa Chávez no era la única. Su jefe Julio Berdegué dejó la Sader, pero sigue “ayudando” al gobierno de México en las negociaciones comerciales con Estados Unidos en materia agropecuaria. ¿Las trasnacionales de los agrotóxicos tienen voz y voto en la 4T?
