- Víctimas denuncian ser objeto despojo de propiedades orquestado con el apoyo aparente de juzgados de la entidad.
SANTIAGO VELA
MÉRIDA, YUC.– Víctimas de fraudes y despojo de viviendas de un presunto cartel inmobiliario protestaron ante el Congreso de Yucatán.
La manifestación buscó que la voz de las personas afectadas fuera escuchada y atendida por los legisladores locales.
La manifestación, advirtieron, tuvo el propósito de que el gobierno “nos haga caso, nos escuche” ante una realidad en que la justicia les da la espalda.
La indignación creció al conocerse la existencia de más personas afectadas, como una mujer adulta mayor a la que se despojó legalmente de su vivienda, por una deuda aparentemente inexistente.
La agraviada identificada como Milly fue una de las víctimas convocantes en redes sociales, contra la supuesta mafia inmobiliaria que opera en la entidad yucateca.
La quejosa pidió ser escuchada también por el gobernador yucateco Joaquín Díaz Mena, y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Dijo que los presuntos responsables de los ilícitos, “han robado dinero y despojan de bienes inmuebles con prácticas fraudulentas”.
En su caso, contó, se le arrebató su propiedad por una supuesta deuda plasmada en un pagaré hace casi seis años, en el cual sostiene que su firma es apócrifa, lo que buscó probar para dejar sin validez legal al documento.
De los actos reclamados, acusó, a la persona a la que le fue endosado el documento, identificado como Schubert Bass Durán, y otra persona mencionada como Bas Pinto. “Contra ellos es directamente esta manifestación, para que el gobierno nos haga caso, nos escuche”.
La víctima revela la existencia de un supuesto patrón que afecta a numerosas familias yucatecas, y mediante la protesta se quiere exhibir el presunto esquema fraudulento que, según testimonios, podría repetirse contra más víctimas vulnerables.
Milly relató la forma en que un presunto licenciado se presentó a la casa de su madre con documentos desconocidos, hace tres años.
El hombre dejó un citatorio judicial por un supuesto préstamo por 980 mil pesos que presuntamente fue solicitado en 2019, con un interés de 6 por ciento mensual, con vencimiento el 31 de enero de 2021. La veracidad del documento fue negada por la supuesta deudora de manera categórica.
La situación escaló legalmente ante los juzgados, donde la mujer perdió el caso, a pesar de que aportó pruebas, como el extravío de su identificación, la cual al parecer fue utilizada para fraguar el documento.
“Mi mamá nunca ha pedido préstamos e investigando sé que no es el único caso, ya van varias personas a las cuales les quitan sus predios de la misma manera, mismo licenciado quien casualmente es perito grafólogo, misma juez, a quien sin motivos ascendieron de un momento a otro y el mismo modus operandi en cada predio”.
La indignación crece en un contexto donde la defensa legal de la propiedad se tambalea, al igual que la impartición de justicia.
Este reportero se dio a la tarea de buscar la versión del abogado Shubert Bass, al que se contactó con tiempo y oportunidad, sin que hasta el momento se tuviera respuesta.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revela que se registró un aumento del 15% en las denuncias por fraudes inmobiliarios en la región sureste en 2024. La entidad yucateca tuvo la mayor incidencia.
La manifestación de este jueves busca visibilizar este tipo de casos, exigir a las autoridades una investigación exhaustiva y que se realicen acciones contundentes contra quienes integran la presunta red ilegal.
“Somos muchas las personas que hemos sido defraudadas por estas personas y a las cuales nos quieren despojar de nuestros hogares sin tener motivo ni razón alguna”, expresó Milly, quien alzó su voz como parte de una comunidad que clama justicia.
