- México registra retrocesos en temas específicos, en particular el de investigación y esclarecimiento de la desaparición forzada de personas.
STAFF / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- Si bien México ha avanzado en el cumplimiento de las recomendaciones que le ha formulado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), registra retrocesos en temas específicos, en particular el de investigación y esclarecimiento de la desaparición forzada de personas, advierte el informe anual del organismo correspondiente a 2024.
En su capítulo sobre México, el informe indica que 22.5 por ciento de las 80 recomendaciones analizadas se encuentran en “cumplimiento total”, el doble que el año previo, y 21.2 por ciento en “cumplimiento parcial sustancial”.
Destaca los progresos en áreas como la profesionalización de los cuerpos policiales y la adopción de políticas públicas para la atención a las adicciones.
No obstante, remarca, persisten desafíos significativos en la implementación efectiva de algunas recomendaciones y existen áreas clave donde las acciones del Estado no han sido suficientes.
“En cuanto a los mecanismos de búsqueda e identificación de personas desaparecidas existe un debilitamiento institucional que afecta la capacidad del Estado para garantizar la implementación de la Ley General en Materia de Desaparición”, señala.
“La falta de reglamentación adecuada, el incumplimiento en la creación de registros forenses y la fragmentación en la coordinación entre autoridades impiden avances significativos y agravan la situación de incertidumbre para los familiares de personas desaparecidas”.
El funcionamiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, considera, no estaría en consonancia con estándares internacionales en la materia, debido a la falta de participación de las familias en los procesos y a la decisión de designar a la Secretaría de Bienestar como responsable de la actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Y aunque la adopción del Protocolo Homologado de Búsqueda representa un avance significativo, plantea, persiste la falta de coordinación entre autoridades.
La CIDH reitera, por otra parte, su preocupación por la militarización de la seguridad pública y la falta de implementación efectiva de mecanismos independientes de rendición de cuentas.
“El traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa y la persistente participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana representan un retroceso en la aplicación de estándares internacionales”, apunta.
Además, indica, persisten retrocesos en áreas como la investigación de graves violaciones a derechos humanos y la cooperación con mecanismos internacionales de justicia.
