Por KUKULKÁN
TUVIERON que pasar seis años, 17 muertes infantiles y casi un centenar de personas infectadas para que el gobierno mexicano finalmente se atreviera a levantar el dedo —con ese gesto lento, burocrático y adormecido— y decirle a la empresa SAFE: “Oye, no puedes seguir vendiendo veneno”. ¿La razón? Una bacteria. ¿El origen? Una empresa que lleva mezclando soluciones médicas desde 1995. ¿El verdadero problema? Un sistema donde la justicia viaja en burro, y la impunidad en jet privado.
SE TRATA de Productos Hospitalarios S.A. de C.V., conocida en el mundo farmacéutico como SAFE —nombre que suena a todo, menos a seguridad—, es una filial de la todopoderosa PiSA Farmacéutica. Sí, esa misma que durante décadas ha vivido del erario como parásito institucionalizado, repartiendo bolsas de nutrición parenteral (NPT) como si fueran pociones milagrosas… o bombas bacterianas, dependiendo del día.
EN 2019, SAFE ya había dado señales de alarma. En Jalisco, nada menos que 68 personas, entre ellas 57 bebés, fueron víctimas de la bacteria Leclercia adecarboxylata, escondida en sus bolsas de NPT. Cofepris, en un destello de responsabilidad que a todos sorprendió, ordenó suspender el uso. ¿Y qué pasó después? Pues SAFE siguió operando como si nada. Más aún, entre 2003 y 2021 firmó contratos con el sector público por casi 17 mil millones de pesos. Porque en México, lo único más contagioso que una bacteria es la costumbre de premiar a los peores.
LA TRAGEDIA volvió, esta vez con nombre nuevo: Klebsiella oxytoca. A finales de 2024, 13 niños murieron —después serían 17— por infecciones en hospitales del Estado de México, provocadas por las mismas soluciones intravenosas. Pero ahora sí, la historia cambió. ¿Por qué? Porque ya no era sexenio de “abrazos”, sino de “acciones”, según el nuevo guion. Cofepris entró en escena, detectó microbios hasta en las manos del personal de SAFE, y dijo lo impensable: ¡revocación de licencia!
LO QUE encontraron las autoridades era de escándalo: fallas en el flujo de aire, monitoreo ambiental deficiente, instalaciones que no cumplirían ni con normas de cocina económica, y muestras que crecían bichos con más rapidez que los trámites en ventanilla. Con una seriedad casi inédita, Cofepris dictó sentencia el 12 de marzo de 2025: SAFE, clausurada. Pero con matices, claro. Porque en este país no se mata a las vacas sagradas, sólo se las muda de corral.
LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum anunció acciones administrativas y penales contra los responsables. Lo dijo con firmeza. Lo dijo con convicción. Pero todavía estamos esperando que alguien —al menos un funcionario menor— sea juzgado por esto. Mientras tanto, SAFE ya prepara su impugnación, porque la ley, como siempre, tiene puertas traseras, atajos legales y tribunales más interesados en tecnicismos que en tragedias.
PiSA, la madre de esta joya bacteriológica, sigue siendo la principal proveedora de medicamentos del sector público. En la compra consolidada 2025-2026 ganó contratos por más de 9 mil 200 millones de pesos. Sí, usted leyó bien: millones. En plural. En mayúsculas. En bacterias. Este es el país donde las empresas pueden matar bebés con fórmulas intravenosas mal preparadas y seguir recibiendo cheques del Estado. Donde la justicia llega después del funeral, y la “suspensión definitiva” es apenas una pausa entre dos contratos más jugosos.
SAFE operó con el cinismo de quien sabe que la ley es un juego. Que los muertos no tienen abogado. Que los padres sólo tienen rabia, y que las instituciones —esas que se llenan la boca hablando de salud pública— sólo actúan cuando ya no hay manera de esconder los cadáveres. En este México de centrales de mezcla y manos sucias, de centros de salud que enferman y empresas que prosperan con licitaciones teñidas de sangre, lo único que no se contamina es la impunidad. Esa sí, pura y cristalina. De laboratorio.
