- La JUFED denunciará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el acarreo, la compra de votos y los “acordeones”
STAFF / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) denunciará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el acarreo, la compra de votos y los “acordeones” que presuntamente distribuye Morena para la elección judicial del próximo domingo.
La juez federal Juana Fuentes Velázquez, directora de la JUFED, tuvo este jueves un encuentro con la misión de observadores electorales de la Organización de Estados Americanos (OEA), a quienes advirtió de la estrategia de estos prelistados para votar.
“Durante el encuentro, la Directora Nacional de JUFED expuso con contundencia las múltiples irregularidades que acompañan a este proceso, entre ellas, la utilización de los llamados ‘acordeones’: una estrategia sistemáticamente maquinada por Morena, en complicidad con el gobierno federal y otros estatales, para manipular y comprar el voto de personas, con el fin de imponer como juzgadores a personas afines a sus intereses, pervirtiendo la esencia del Poder Judicial”, informó la asociación en un comunicado.
“Asimismo, Fuentes Velázquez informó que JUFED presentará ante la CIDH un expediente con el conjunto de irregularidades observadas, incluyendo los ‘acordeones’, el acarreo y la compra de votos, como parte de su estrategia de defensa internacional frente a la vulneración de los derechos de los juzgadores y la demolición institucional del sistema democrático mexicano”.
![](https://lucesdelsiglo.com/wp-content/uploads/2026/01/LDS-500x500-espacio-publicitario.png")
La juzgadora reiteró que esta operación del régimen constituye una maniobra para cooptar al Poder Judicial, disfrazada bajo la simulación de una supuesta “democratización” del sistema de justicia.
“En realidad, se trata de desmantelar al único poder que hoy actúa como contrapeso efectivo frente al Ejecutivo”, dijo.
Agregó que esta situación pone en grave riesgo los derechos humanos de las y los mexicanos, elimina la certidumbre jurídica y representa un daño irreversible a la democracia del país.
De acuerdo con la JUFED, la delegación de la OEA mostró un especial interés en casos específicos y conductas sistemáticas aparentemente irregulares relacionadas con la elección judicial, sin embargo, se reservó hacer públicos esos casos “por seguridad de la misión”.
